SANCIÓN
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suspender el 3 de junio de sus funciones a un agente fiscal del cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, luego de que se comprobara su implicación en una agresión física contra un fiscal del cantón Riobamba.
El incidente, que constituye una falta disciplinaria grave, se suma a una serie de decisiones adoptadas ese día por el organismo, que incluyeron también sanciones contra jueces en otras provincias del país.
El fiscal implicado, identificado con las iniciales E.B.S.CH., fue separado de su cargo durante 15 días, sin derecho a sueldo. Según el expediente analizado por los vocales del CJ, el funcionario habría protagonizado un acto de violencia en contra de un colega durante el ejercicio de sus funciones.
El hecho fue considerado como una conducta inaceptable en el marco de la institucionalidad judicial, y por ello se aplicó la sanción correspondiente. Esta decisión fue adoptada por los votos afirmativos de Mario Godoy, presidente del CJ, y las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, quienes también resolvieron otras medidas disciplinarias en contra de jueces de Bolívar y El Oro.
En la provincia de Bolívar, tres jueces del Tribunal de Garantías Penales, identificados con las iniciales L.E.G.P., L.A.A.C. y M.D.C.P., fueron suspendidos por 30 días, tras determinarse que omitieron el testimonio de una víctima y los alegatos finales de la defensa en un juicio por estafa.
La falta, según el CJ, afectó el debido proceso y la imparcialidad del fallo. En tanto, en la provincia de El Oro, el juez A.V.C.C., de la Unidad Judicial Civil de Machala, fue sancionado con la reducción del 10% de su remuneración mensual, debido a la demora en la entrega de una resolución escrita en un caso de acción de protección.
El fallo oral fue pronunciado el 5 de abril de 2024, pero su versión escrita fue emitida más de dos meses después, el 13 de junio, incumpliendo el principio de celeridad que rige este tipo de acciones constitucionales.
Estas sanciones forman parte de la política de control interno que ha adoptado la Judicatura para depurar el sistema y sancionar a quienes, con su conducta, vulneran los principios de legalidad, objetividad y responsabilidad que deben regir el accionar judicial en todo el país.
