Por: Antonio Velásquez Torres
La democracia es lo que mantiene en vida los derechos ciudadanos y el bienestar de una nación, y en este caso la convocatoria del Presidente Daniel Noboa a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución ,es en primer lugar un derecho del pueblo ecuatoriano y un deber en las actuales circunstancias del país, para que sea el timón principal que lo enrumbe hacia la seguridad , prosperidad y estabilidad económica, dentro de un marco jurídico claro , de gobernabilidad , de protección de los derechos fundamentales, de una óptima organización, distribución e independencia de las funciones del Estado, permitiendo que él mismo se conduzca siempre en favor de la justicia , equidad y bienestar de todos los ecuatorianos.
La Constitución actual, elaborada en el 2008, en Montecristi ,adolece a criterio de muchos constitucionalistas ,de trabas jurídicas para un buen desempeño en conjunto de todo el aparato estatal, sobre todo por disposiciones que permiten al Ejecutivo tener demasiada injerencia en el poder Judicial ; al igual que en otros organismos de importante ejecución. Aparte de esto, se puede observar en la Carta Magna, el amplio poder del creado CPCCS al tener la potestad de nombrar, por sí solo, a otras importantísimas autoridades del Estado y en cuya nominación se han filtrado preferencias políticas, más que méritos. Esta competencia anteriormente correspondía al poder Legislativo y debería por transparencia volver al mismo.
Toda constitución avanzada contiene preceptos referentes a la legalidad y justicia social, y dentro de la justicia social: la igualdad de derechos y oportunidades, así como mandamientos en defensa de todo lo que significa el amplio concepto de libertad. El Ecuador los tiene en su Constitución, pero deben ser menos extensos y más concisos para su justa aplicación y para no dar lugar a una sesgada interpretación de la norma jurídica.
Nuestro país, actualmente se enfrenta a 2 peligros a su seguridad, bienestar de vida y transparencia : 1. el narcotráfico y delincuencia organizada, que operan desde hace algunos años, y 2. una corrupción , está si muy antigua, pero latente, enquistada en algunos órganos de administración municipales sobre todo de la Costa; en estamentos judiciales, de seguridad, en hospitales públicos y por últimas noticias, hasta en el fútbol, por lo que se hace imprescindible que el Estado con una nueva Constitución, se blinde de leyes generales sancionadoras y severas para anular estos flagelos . En lo que atañe a la corrupción, sería importante una disposición que obligue a toda entidad pública, so pena de ser amonestada, a proporcionar toda las facilidades e información que en algún caso requiera la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha demostrado a lo largo de todos estos 10 años ser un órgano colegiado independiente e importante en la lucha frontal contra la corrupción.
