PAÍS
La Contraloría General del Estado (CGE) anunció que los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) tendrán hasta el 15 de septiembre de 2025 para presentar su nueva declaración patrimonial jurada. El plazo inicial vencía el 31 de agosto, pero mediante el Acuerdo No. 031-CG-2025, el contralor Mauricio Torres dispuso la ampliación.
Esta obligación responde a las reformas de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio, que introdujo cambios en el régimen de declaraciones patrimoniales.
El trámite es gratuito y se realiza exclusivamente en línea, a través del portal web institucional de la Contraloría. La información debe incluir ingresos, bienes, cargos y vínculos económicos dentro y fuera del país, tanto del funcionario como de su cónyuge e hijos menores.
El incumplimiento será considerado una falta grave, sancionada de acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
¿Quiénes deben declarar? La normativa alcanza a un amplio grupo de autoridades y servidores, entre ellos:
Funcionarios de elección popular, asambleístas y directivos de la Asamblea Nacional.
Prefectos, alcaldes, vicealcaldes, concejales, gobernadores e intendentes.
Servidores públicos del nivel jerárquico superior (grados 5 al 10) y equivalentes.
Directivos de empresas públicas, hospitales, instituciones educativas y gobiernos autónomos descentralizados.
Oficiales de Fuerzas Armadas desde el grado de teniente coronel y de la Armada desde capitán de fragata.
Magistrados, jueces, fiscales, vocales y autoridades del Consejo de la Judicatura.
Diplomáticos, embajadores y cónsules, en Ecuador y en el exterior.
La Contraloría recordó que las unidades de Talento Humano de cada entidad pública deberán notificar a los funcionarios sujetos a esta obligación y supervisar el cumplimiento dentro del sistema electrónico./Primicias
