CASO
La Contraloría General del Estado identificó un perjuicio económico de USD 8,9 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) por la contratación de un servicio de asesoría legal y patrocinio.
El organismo aprobó un informe de examen especial que analizó los procedimientos de contratación para la defensa de los intereses del Instituto y la recuperación de valores invertidos. Este análisis cubrió el período entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024.
El informe, aprobado el 30 de diciembre de 2024 -y que fue difundido este 8 de enero-, revela que el contratista no cumplió con la entrega de productos según lo estipulado en el contrato.
Además, en el caso de una de las 59 acreencias revisadas, no presentó documentación que respalde gestiones realizadas ante varias instituciones, como la Superintendencia de Compañías, el Banco Central y la Procuraduría General del Estado.
Las irregularidades detectadas incluyen errores en la reasignación de cuentas y el registro contable de títulos valores en operaciones bursátiles con Bonos del Estado. Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 8,9 millones en pagos al proveedor.
