12.6 C
Riobamba, EC
sábado, noviembre 2, 2024

Convenio para inhabilitar señal de telecomunicaciones en las cárceles

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

APAGONES

El Ministerio del Interior, en colaboración con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), establecieron el acuerdo que permitirá mejorar la seguridad en los centros carcelarios e impedir que los grupos del crimen organizado establezcan mecanismos de comunicación con los cabecillas que se encuentran recluidos.

Tres entidades públicas establecieron un convenio destinado a controlar y bloquear las telecomunicaciones en los Centros de Privación de Libertad del Ecuador.

Mónica Palencia, titular de la cartera de Seguridad, destacó la importancia de esta coordinación. Dijo que este convenio “permitirá promover una seguridad integral alrededor de los CPL, evitando que se conviertan en centros de mando del crimen organizado y que las telecomunicaciones sean utilizadas para el narcotráfico”.

Por su parte César Martín, ministro de Telecomunicaciones, enfatizó el compromiso del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen organizado y recalcó que desde su sector se implementarán acciones para gestionar un ecosistema tecnológico seguro.

El convenio establece que el Ministerio del Interior recibirá información actualizada en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en los CPL. Esto facilitará un control y monitoreo sistemático de estos servicios. Además, se coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para asegurar la correcta ejecución de las medidas establecidas, entre estas evitar que los PPL accedan a sistemas de comunicación con el exterior.

Por ejemplo, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, el narcotraficante Leandro Norero, quien se encontraba detenido en la Cárcel de Latacunga, tenía acceso a un teléfono celular y gestionaba junto a su red criminal sobornos a jueces y otros operadores de justicia. Esto derivó en el Caso Metástasis, por el cual existen 12 sentenciados y 30 procesados llamados a juicio.

El Gobierno Nacional señaló que con esta iniciativa se reducirá el impacto de las actividades delictivas y además se fortalecerá la seguridad de los centros carcelarios./ La Hora

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email