POLÍTICA
La Corte Constitucional de Ecuador ha rechazado este 11 de marzo, la propuesta del presidente Daniel Noboa de establecer la prisión preventiva como una medida obligatoria en casos de crimen organizado y terrorismo.
La decisión, adoptada por siete de los nueve jueces de la Corte, generó un intenso debate sobre el equilibrio entre la lucha contra la delincuencia y el respeto a los derechos fundamentales.
El magistrado Richard Ortiz, argumentó que la propuesta presidencial “configura una restricción injustificada y grave a la garantía de presunción de inocencia y al derecho a la libertad de movilidad”. Además, enfatizó que la medida desnaturaliza la figura de la prisión preventiva, convirtiéndola en una sanción anticipada en lugar de una medida cautelar excepcional y sujeta a los principios de necesidad y proporcionalidad.
La votación evidenció una división dentro del organismo, siete jueces se pronunciaron a favor del dictamen de Ortiz, mientras que dos se opusieron a la decisión. Pese a la disidencia minoritaria, el fallo de la Corte Constitucional es definitivo y no permite la aplicación de la reforma parcial propuesta por Noboa.
Desde la Presidencia de la República, la Secretaría Jurídica acusó a la Corte de exceder sus competencias al proponer la conformación de una comisión especializada para abordar los temas de seguridad. Este señalamiento refuerza la creciente tensión entre el Ejecutivo y el máximo organismo de garantía constitucional del país. El Gobierno de Noboa ha defendido su propuesta como una estrategia clave para combatir el auge del crimen organizado en Ecuador.
Sin embargo, la Corte argumentó que la aplicación obligatoria de la prisión preventiva en estos casos no solo contraviene principios constitucionales, sino también lineamientos internacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La negativa también marca un nuevo episodio en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en varias ocasiones ha advertido sobre la presentación de propuestas de reforma que no cumplen con los requisitos constitucionales. La Corte ya había llamado la atención a Noboa por el envío de propuestas inconexas y carentes de viabilidad legal.
Ante este revés, el presidente Noboa podría intentar reformular su propuesta dentro de los límites establecidos por la Corte Constitucional o buscar vías alternativas para fortalecer la seguridad ciudadana sin transgredir principios fundamentales. Analistas políticos advierten que esta decisión podría repercutir en la percepción de su gestión en materia de seguridad, un tema crucial para la opinión pública ecuatoriana.
