POLÍTICA
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) impulsa una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busca evitar la aplicación de la prisión preventiva como una forma de sanción anticipada. La propuesta, presentada formalmente ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, plantea que la medida cautelar no podrá prolongarse más allá de un “plazo razonable”.
El presidente de la CNJ, José Suing, lideró la exposición del proyecto y argumentó que la iniciativa responde a un mandato de la Corte Constitucional, emitido en una sentencia de diciembre de 2024. En ella se instó a las autoridades judiciales a revisar los límites temporales de la prisión preventiva, con base en parámetros técnicos y principios de proporcionalidad.
Suing recordó que el pasado 1 de mayo se presentó la propuesta de reforma al artículo 541, numeral 3, del COIP. El objetivo es garantizar que la prisión preventiva no se extienda de forma indefinida ni se equipare al cumplimiento de una condena, lo cual vulneraría derechos fundamentales del procesado.
Durante la comparecencia, la jueza Daniela Camacho, presidenta de la Sala Penal de la Corte, explicó que la propuesta incorpora lo señalado en el párrafo 97 de la sentencia constitucional, e introduce criterios para determinar un tiempo razonable de privación de libertad. Estos incluyen la naturaleza del delito, la pena prevista, el tiempo de prescripción, la conducta de las partes, y el accionar de los operadores judiciales.
A su vez, el magistrado Marco Rodríguez explicó que no se ha definido un plazo fijo para cada tipo penal, debido a la complejidad del sistema judicial y la diversidad de delitos. Por ello, la propuesta considera múltiples variables que deben ser evaluadas caso por caso. La exposición técnica del texto estuvo a cargo del director jurídico de la CNJ, José Gabriel Terán.
Durante la sesión legislativa, el asambleísta Keevin Gallardo planteó inquietudes sobre la aplicación del “plazo razonable” en delitos graves y en contextos de conflicto armado. A su observación se sumaron los legisladores Eliana Correa y Marco Olmedo.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, pidió mayor precisión sobre el grupo de delitos a los que se aplicará este nuevo enfoque, subrayando la necesidad de claridad para evitar interpretaciones erróneas en la aplicación de la norma.
