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viernes, febrero 14, 2025

Corte Nacional y Procuraduría avanzan en la recuperación de bienes de Jorge Glas y su tío por el caso Odebrecht

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ODEBRECHT

Han transcurrido cinco años desde que se emitieron las sentencias por el caso Odebrecht en Ecuador, y aunque siete de los ocho involucrados ya cumplieron sus penas de cárcel, el Estado no ha logrado recuperar los USD 33,4 millones fijados como reparación económica.

Foto referencial

El caso Odebrecht, que estalló en 2017 como un escándalo de corrupción en América Latina, reveló pagos de sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de contratos y otros beneficios. En Ecuador, las investigaciones de la Fiscalía implicaron al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera como parte de una red de cobro y lavado de dinero ilícito. Ambos, junto a otras seis personas, fueron condenados por asociación ilícita.

Pago de reparaciones: avances y desafíos

De los ocho sentenciados, solo Gustavo Massuh ha iniciado el pago de su reparación, que asciende a USD 860.931. En diciembre de 2024, Massuh abonó USD 200.000 como primera cuota y se comprometió a completar la suma en tres pagos adicionales entre 2025 y 2026. Otro de los implicados, Kepler Verduga, quien debe USD 1,5 millones, propuso un plan para cancelar su deuda en tres cuotas, sujeto a aprobación judicial.

Medidas contra los bienes de Glas y Rivera

El 26 de junio de 2024, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Nacional información sobre los bienes de los sentenciados que no han cumplido con el pago de sus obligaciones. La intención es proceder con el embargo y remate de dichos bienes para recuperar los fondos.

El Tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Julio Arrieta y Felipe Córdova, concedió un plazo de siete días, que vence el 17 de enero de 2025, para que la Secretaría de la Corte entregue la información requerida. A partir de esa fecha, la Procuraduría podrá solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.

Este proceso marca un paso crucial en los esfuerzos del Estado para garantizar el cumplimiento de las condenas y recuperar los recursos desviados por actos de corrupción. Sin embargo, el camino hacia la restitución completa de los fondos sigue siendo largo y lleno de desafíos.

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