JUSTICIA
En un paso decisivo para fortalecer el sistema judicial ecuatoriano, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el 20 de junio, durante una sesión extraordinaria virtual, reformas clave al reglamento que regula la elección del Fiscal General del Estado.
El cambio fue aprobado con cinco votos a favor y dos abstenciones, y promete hacer más riguroso y transparente uno de los procesos más importantes del país.
El cargo de Fiscal General, designado por el Cpccs para un periodo de seis años sin posibilidad de reelección, es fundamental para la persecución penal en Ecuador, sobre todo por su responsabilidad en la investigación de delitos cometidos por funcionarios y exautoridades con fuero de la Corte Nacional.
Entre las novedades destaca la prohibición expresa de postulación para quienes estén procesados, enjuiciados o condenados por delitos relacionados con la administración pública, corrupción o crimen organizado. Esta medida refuerza el compromiso de garantizar que la máxima autoridad del Ministerio Público cuente con una reputación intachable.
Asimismo, se reconocerá con puntajes adicionales la excelencia académica, otorgando especial valor a títulos de doctorado (PhD) con distinciones Cum Laude y Summa Cum Laude, para incentivar la formación avanzada en quienes aspiren al cargo.
El reglamento incorpora además nuevas áreas de conocimiento especializado como litigación oral, atención a menores y adolescentes infractores, y derecho internacional en materia penal. Estas materias reemplazan a las antiguas exigencias de derecho administrativo y ética, reflejando la necesidad de un perfil más ajustado a las complejidades actuales del sistema penal.
La experiencia profesional también fue redefinida: se priorizará el trabajo de abogados penalistas con trayectoria en audiencias y recursos jurídicos específicos, garantizando que la persona designada posea habilidades prácticas en la litigación y manejo de casos penales complejos.
Finalmente, las acciones afirmativas contempladas para fomentar la inclusión deberán ser respaldadas con documentación válida, lo que apunta a un proceso de selección transparente y basado en méritos verificables.
