ECONOMÍA
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló el 21 de julio, los datos más recientes sobre la pobreza en Ecuador. Según su informe, la tasa de pobreza por ingresos a nivel nacional se ubicó en 24 %, la cifra más baja desde diciembre de 2018. La pobreza extrema también experimentó una ligera reducción, situándose en 10,4 %, su nivel más bajo desde diciembre de 2019.
Estos números, a primera vista, pueden generar optimismo. Sin embargo, un análisis más profundo revela que la situación podría no ser tan alentadora como parece.
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aprovechó la presentación de estos datos para anunciar que “220.000 personas salieron de la pobreza”, posicionando estos resultados como un logro de la administración de Daniel Noboa. Según ella, esta disminución refleja el impacto positivo de políticas sociales, microcréditos y un dinamismo económico creciente.
Pero el propio INEC aclara que estas cifras no representan un cambio estadísticamente significativo, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera evolución del bienestar en el país. La diferencia entre un cambio “real” y una variación que puede ser atribuida al azar o error muestral es fundamental en estadística.
En el caso de Ecuador, la caída en la tasa de pobreza de 25,5 % a 24 % entre junio de 2024 y junio de 2025 está dentro del margen de error normal de la encuesta. Esto significa que no se puede afirmar con certeza que haya una verdadera mejora en la calidad de vida de las personas.
Imaginemos que medimos la temperatura corporal de una persona varias veces en un día y observamos fluctuaciones entre 36,5 °C y 37 °C. Esto no necesariamente indica que la persona esté enferma o mejorando; es simplemente una variación dentro del rango normal.
De manera similar, los datos de pobreza pueden variar levemente sin que esto refleje un cambio estructural real en la economía o en la situación social. Esta aclaración es vital porque, aunque el descenso nominal en la pobreza sea un dato positivo, no debe ser interpretado automáticamente como un progreso tangible en la lucha contra la pobreza.
Un aspecto que llama la atención en el informe del INEC es la marcada diferencia entre la pobreza urbana y rural. Mientras en las ciudades el porcentaje de personas en pobreza por ingresos es del 15,7 % y solo el 3,5 % en pobreza extrema, en las zonas rurales estas cifras se disparan al 41,7 % y 25,1 % respectivamente.
Esta brecha refleja que la pobreza es un fenómeno mucho más severo en el campo, donde la falta de infraestructura, servicios básicos, oportunidades laborales y acceso a la educación limita las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la población. Aunque la reducción general pueda interpretarse como un avance, la realidad rural muestra un país todavía muy desigual.
Mirando la evolución de la pobreza en Ecuador en los últimos años, se observa un panorama complejo. En junio de 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza era del 25,5 %, similar al registro actual. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 disparó este indicador hasta un 32,2 % en junio de 2020.
Desde entonces, la pobreza ha descendido gradualmente, pero el país aún no logra consolidar una recuperación estable. El 24 % registrado para junio de 2025 representa una mejora nominal, pero aún lejos de una recuperación sostenida que refleje un desarrollo económico inclusivo y duradero.
La pobreza extrema, que marca a quienes viven en condiciones de máxima vulnerabilidad, afecta especialmente a la población rural, donde uno de cada cuatro habitantes gana menos de $51,83 mensuales per cápita. Este dato señala un problema estructural que aún necesita ser enfrentado con políticas focalizadas y sostenidas en el tiempo.
Aunque el INEC define la línea de pobreza por ingresos en $91,98 mensuales per cápita y la pobreza extrema en $51,83, estos umbrales no capturan la complejidad de la calidad de vida. Tener un ingreso por encima de ese límite no garantiza acceso a vivienda digna, educación, salud o empleo formal.
Por ello, muchos expertos señalan que las políticas públicas deben enfocarse en más que solo elevar ingresos. Es necesario promover empleo formal con derechos, acceso a servicios básicos y protección social para que la reducción de la pobreza sea real y sostenible en el tiempo.
El Gobierno apuesta por microcréditos
El Ejecutivo ha justificado la aparente mejora en la pobreza con la implementación de varias estrategias. Según Carolina Jaramillo, el crecimiento del 11,5 % en créditos productivos y la entrega de bonos sociales han beneficiado a más de 170.000 personas, principalmente mujeres emprendedoras.
El acceso a microcréditos, en especial, se presenta como una herramienta para fomentar emprendimientos y mejorar ingresos familiares. Además, la vocera presidencial destacó el aumento en las ventas internas y el consumo, señales de una economía con mayor dinamismo.
Sin embargo, especialistas en economía advierten que el acceso a créditos no siempre garantiza una mejora sostenible, que los microcréditos pueden ser una puerta de entrada, pero sin empleo formal, seguridad social y capacitación continua, muchas familias pueden seguir atrapadas en la pobreza.
El principal reto que enfrenta Ecuador es convertir los datos estadísticos en transformaciones reales para la población. Esto implica fortalecer la economía, diversificar oportunidades, reducir la desigualdad territorial y brindar apoyo integral a los sectores más vulnerables, especialmente en las zonas rurales.
El compromiso del Gobierno es claro, pero la sociedad civil y los expertos coinciden en que se requieren políticas con visión de largo plazo, transparencia en la ejecución y una inversión sólida en educación y salud para garantizar un desarrollo inclusivo.
