EDUCACIÓN
En medio de una crisis económica que golpea a Ecuador, uno de los sectores más afectados ha sido el sistema educativo. La reciente migración de estudiantes de las escuelas y colegios privados a los planteles públicos es un reflejo claro de las dificultades económicas que atraviesan las familias ecuatorianas.
En el inicio del año lectivo 2024-2025, el país ha sido testigo de una tendencia alarmante: más de 30.000 estudiantes que previamente cursaban en instituciones educativas privadas han migrado hacia la educación fiscal.
Este éxodo no solo refleja una difícil situación financiera, sino que pone de manifiesto las profundas desigualdades que persisten en el sistema educativo del país. La migración de estudiantes de las instituciones privadas al sistema educativo público es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, como consecuencia directa de la crisis económica que atraviesa el país.
El incremento del costo de vida, la inflación, el desempleo y la precarización laboral han puesto a muchas familias ante una difícil decisión: continuar pagando las costosas pensiones de las escuelas privadas o reubicar a sus hijos en los planteles públicos, cuya matrícula es gratuita.
Según las cifras del Ministerio de Educación, entre 2022 y 2025, 30.000 estudiantes cambiaron de planteles privados a fiscales. Esto ha generado un impacto directo en la estructura educativa, tanto en las instituciones privadas que han sufrido un importante descenso en su matrícula, como en las instituciones públicas, que se ven desbordadas por el aumento de la demanda.
La ministra de Educación, en declaraciones recientes, expresó que esta migración hacia el sistema público refleja una “confianza” en la educación fiscal, lo que se interpreta como una validación del compromiso del Estado con la educación. Sin embargo, ella misma reconoció que gran parte de este movimiento se debe a las “necesidades económicas de las familias”, que se ven atrapadas por una crisis económica generalizada.
Los datos oficiales muestran que el sistema educativo privado ha experimentado una caída sostenida en la matrícula de estudiantes. Entre los años 2019 y 2025, la matrícula de estudiantes en el sector privado ha disminuido en más de 71.000, pasando de 865.518 estudiantes en el año lectivo 2019-2020 a 794.279 en el año 2024-2025.
Este descenso representa una pérdida neta de 8,2% de estudiantes, un dato alarmante si se considera que las instituciones privadas dependen de las pensiones escolares para sostener sus operaciones. Esta caída en la matrícula se ha visto acompañada de una crisis financiera en las instituciones educativas.
Un informe de la revista Gestión sobre la situación del sector privado en Ecuador confirma que muchas escuelas y colegios están operando a menos del 75% de su capacidad. En algunos casos, hasta un 21% de los colegios no alcanzan ni la mitad de su capacidad instalada.
Esto se traduce en una presión financiera que obliga a las instituciones a reducir personal, postergar inversiones en infraestructura y tecnología, y a operar con márgenes de rentabilidad muy bajos, lo que compromete la calidad educativa que pueden ofrecer.
Además de los factores económicos, otro elemento clave que ha contribuido a la crisis educativa en Ecuador es la creciente violencia e inseguridad que afecta a varias ciudades del país. En Guayaquil, por ejemplo, el aumento de homicidios y el crecimiento de la violencia organizada han generado un entorno de inseguridad que afecta directamente a las familias y su acceso a la educación.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior son elocuentes: Guayas, la provincia más afectada por la violencia, ha perdido más de 55.000 estudiantes entre 2022 y 2025.
Para hacer frente a esta crisis, tanto el sistema educativo privado como el público requieren una revalorización profunda de su modelo operativo. A corto plazo, es fundamental implementar políticas públicas que faciliten el acceso a la educación para las familias de bajos recursos, incluyendo subsidios educativos, becas y mecanismos de financiamiento que alivien el impacto económico de las matrículas y pensiones.
Asimismo, se debe fortalecer el sistema educativo público, invirtiendo en infraestructura, mejorando la capacitación docente y garantizando la disponibilidad de materiales educativos.
Aulas sobrecargadas y recursos limitados
El crecimiento del sistema educativo público, impulsado por la migración de estudiantes desde las instituciones privadas, ha generado una presión sobre las infraestructuras y los recursos disponibles.
Las escuelas fiscales, que ya enfrentan una sobrecarga de estudiantes, deben lidiar con un aumento de la demanda sin contar con los recursos suficientes para asegurar una educación de calidad. En muchos casos, las aulas se han vuelto cada vez más acumuladas, lo que dificulta la atención personalizada y la calidad del aprendizaje.
Aunque el Ministerio de Educación ha asegurado que está haciendo esfuerzos para mejorar la infraestructura y la capacitación de los docentes, la realidad es que la falta de recursos se convierte en un obstáculo importante para enfrentar esta nueva demanda.
A la falta de recursos se suman otros problemas estructurales en el sistema educativo fiscal: la baja inversión en infraestructura escolar, la insuficiencia de materiales educativos y la falta de apoyo psicosocial para los estudiantes, que en muchos casos deben lidiar con situaciones de violencia o inseguridad.
La crisis educativa en Ecuador es un reflejo de los efectos profundos y persistentes de la crisis económica que atraviesa el país. La migración masiva de estudiantes de las escuelas privadas a las públicas es solo una manifestación de los problemas estructurales que afectan a la educación en general.
Si Ecuador desea garantizar un futuro próspero para sus jóvenes y mejorar su sistema educativo, será necesario implementar reformas sustanciales en todos los niveles. Esto incluye un compromiso con la calidad educativa, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y una mayor atención a las realidades sociales y económicas que afectan a las familias ecuatorianas.
