POLÍTICA
Una denuncia de proselitismo político podría costarle el cargo al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda. La audiencia oral única, llevada a cabo el 29 de mayo en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), se convirtió en el escenario donde se confrontaron pruebas, alegatos y acusaciones que presuntamente involucran directamente al funcionario con la promoción electoral de un candidato afín a su partido, Izquierda Democrática.
El proceso, aún en fase deliberativa, mantiene en suspenso la continuidad política del prefecto, mientras que la provincia observa con atención lo que podría convertirse en un fallo de alto impacto sobre el comportamiento de autoridades en funciones durante periodos electorales.
La causa fue impulsada por el abogado Alejandro Rodas, quien sostiene que Tayupanda vulneró la normativa electoral al pedir públicamente el voto a favor de César Robles, candidato a la Asamblea por la lista 12, durante una visita oficial a comunidades rurales de Chimborazo.
Según Rodas, el prefecto utilizó espacios institucionales y actos públicos para condicionar obras a cambio de apoyo político. “A viva voz, el prefecto chantajeó a los comuneros. Les dijo que, si querían maquinaria o carreteras, debían respaldar a la lista 12”, afirmó durante la audiencia.
Para respaldar su denuncia, el demandante presentó varios enlaces de redes sociales, audios y videos, presuntamente grabados durante recorridos oficiales, donde Tayupanda habría mezclado discursos institucionales con llamados al voto. En la audiencia, presidida por el juez Richard González, se escucharon y visualizaron los videos propuestos por ambas partes.
En uno de ellos, grabado el 6 de enero en Tixán (Alausí), se escucha al prefecto decir: “Yo soy Izquierda Democrática. Ahora, si ustedes quieren apoyar… El rato de la votación la gente no vota por partido sino por la persona. Yo voy a mandar maquinaria”. La grabación fue verificada por el perito Patricio Martínez, quien ratificó que no hubo alteraciones y que el archivo proviene del canal oficial de la Prefectura.
Mediante herramientas forenses como el algoritmo, el perito garantizó la autenticidad del contenido digital presentado. Mónica Jaramillo, abogada del prefecto, intentó desacreditar las pruebas argumentando que los enlaces no fueron debidamente certificados ni contextualizados en la denuncia original. “No existe forma de comprobar que mi defendido haya inducido al voto”, indicó.
Jaramillo también denunció un uso indebido de contenido en redes sociales y cuestionó la falta de legalidad en la forma de recolección de las pruebas. “No podemos sentar precedentes con enlaces de TikTok sin control de autenticidad o cadena de custodia”, manifestó, Sin embargo, el peritaje técnico desmintió esa premisa al certificar la validez y originalidad de los videos.
De confirmarse la infracción por presunto proselitismo político, el prefecto Hermel Tayupanda podría enfrentar sanciones severas, que incluyen la suspensión temporal o definitiva de sus derechos políticos, además de la posible separación inmediata del cargo que actualmente ocupa.
Esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que se espera sea emitida en los próximos días, tiene el potencial de sentar un precedente importante en la jurisprudencia electoral del país, especialmente en lo que respecta a la conducta de autoridades en ejercicio durante periodos electorales.
Por su parte, Tayupanda, quien asistió a la audiencia acompañado por su equipo político más cercano, optó por guardar silencio ante los medios de comunicación. Desde su círculo más íntimo y desde su dirección política, sostienen que esta denuncia responde a una persecución política motivada por intereses adversos a su gestión y que buscarán todas las vías legales para defender su reputación y cargo, en caso de un fallo desfavorable.
