PROCESO
Doce personas ya enfrentan procesos judiciales luego de ser detenidas en un operativo simultáneo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en Riobamba, Quito y El Puyo. Los cargos que pesan sobre ellas incluyen robo con violencia, tenencia y porte de armas y receptación, delitos vinculados a hechos cometidos en varias provincias del país.
El caso se originó en noviembre de 2024, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en una licorería del sector San Nicolás de las Abras, en Guano. Durante el asalto, los sospechosos dispararon contra dos trabajadores y huyeron en un vehículo de una de las víctimas.
Ese automotor fue recuperado días más tarde por las grabaciones de sus cámaras internas, los investigadores lograron identificar a varios de los implicados. Con estas pistas se desplegó una investigación que, tras meses de seguimientos y vigilancias, permitió establecer que se trataba de una presunta banda dedicada al robo de vehículos en distintas provincias.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó testimonios de agentes aprehensores, reconocimientos de víctimas, partes policiales e informes médico-legales que determinaron entre 35 y 45 días de incapacidad en las dos personas heridas durante el asalto. Con esas pruebas, el juez dictó prisión preventiva para 3 sujetos.
En el caso de Silvia de dos individuos se dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas; mientras que una mujer de 71 años, deberá cumplir arresto domiciliario. La instrucción fiscal en este proceso tendrá una duración de 90 días.
En Riobamba, otro de los allanamientos derivó en la captura de seis personas, entre ellas una adolescente. En el lugar se incautó un revólver calibre 38, dos alimentadoras, cinco cartuchos, varios teléfonos celulares y un vehículo reportado como robado en Ambato.
Por estos hechos, se formularon cargos por tenencia y porte de armas y receptación, en concurso real de infracciones. El juez ordenó prisión preventiva para 5 sospechosos. La adolescente deberá cumplir medidas alternativas: presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
En este caso, la instrucción fiscal durará 30 días. Mientras las investigaciones avanzan, la Fiscalía no descarta que los detenidos estén vinculados a otros delitos cometidos en diferentes provincias del país.
