En medio de un clima marcado por la tensión social y política, cuatro de las principales organizaciones del país denunciaron que el Gobierno estaría utilizando a la justicia como herramienta para criminalizar la protesta social y frenar las movilizaciones que se desarrollan en rechazo al Decreto 126 y a las políticas económicas actuales.
En un comunicado conjunto, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) advirtieron que existe un intento de persecución política contra sus dirigentes.
La alerta surge tras la notificación de la Fiscalía de Delincuencia Organizada de Pichincha, que llamó a rendir versión este viernes 3 de octubre a Andrés Quishpe (presidente de la UNE y del Frente Popular), Edwin Bedoya (presidente del FUT y de la CEDOCUT), Nery Padilla (presidente de la FEUE) y Wilfrido Espinoza (presidente de la FENOCIN).
Los dirigentes aseguran que esta acción constituye un “claro intento de intimidar” a las organizaciones populares que se mantienen movilizadas frente al alto costo de la vida, los despidos y la falta de respuestas en sectores sensibles como la salud y la educación.
En el comunicado, calificaron el proceso como una “estrategia desesperada del Gobierno para sostener medidas antipopulares, represivas y fondomonetaristas que han incrementado el sufrimiento de millones de ecuatorianos”.
Las organizaciones convocaron a los distintos sectores sociales, sindicales, estudiantiles, campesinos e indígenas a mantenerse unidos y firmes frente a lo que consideran un atropello. “la historia nos enseña que ningún intento de represión ha logrado callar al pueblo cuando decide levantarse por justicia, pan, trabajo y seguridad”, recalcaron.
El pronunciamiento ocurre en medio de la creciente tensión por las jornadas de protesta que se han registrado en distintas provincias del país y que, según los dirigentes, continuarán pese a las amenazas de judicialización.
