INCLUSIÓN
La ley es clara, pero la realidad es otra. Desde el 2019, la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 14 que toda persona de 65 años en adelante, con ingresos menores a cinco Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU) y un patrimonio inferior a 500 RBU, tiene derecho a la exoneración del impuesto predial municipal.
Esta disposición, que forma parte de un conjunto de beneficios dirigidos a garantizar una vejez digna y protegida, debería aliviar la carga tributaria de miles de personas mayores en el país. Pero, ¿realmente se cumple este derecho en los municipios de Ecuador?
El marco legal ecuatoriano reconoce a los adultos mayores como un grupo de atención prioritaria. Más allá del impuesto predial, la ley también garantiza jubilación, acceso gratuito a salud, prioridad en vivienda social, descuentos en servicios públicos y privados, exoneraciones tributarias y protección legal rápida frente al despojo de bienes.
En teoría, esta batería de derechos pone a Ecuador a la vanguardia regional en cuanto a la protección de su población envejecida. Pero como ocurre con muchas leyes de avanzada, el verdadero reto está en la implementación. Uno de los beneficios más directos y visibles para los adultos mayores es la exoneración del impuesto predial.
Sin embargo, una gran parte de esta población no accede a este beneficio por dos razones fundamentales: la falta de información y la burocracia municipal. Según reportes de defensorías del pueblo provinciales y organizaciones de atención al adulto mayor, muchas personas de la tercera edad no conocen que tienen derecho a esta exoneración.
Otras, simplemente no pueden completar los trámites, que incluyen demostrar su edad, ingresos y situación patrimonial mediante documentos que no siempre están al alcance o comprensión de los beneficiarios, especialmente en zonas rurales. A esto se suma la discrecionalidad con la que algunos municipios aplican la norma.
Si bien están obligados a cumplirla, no todos cuentan con procesos automatizados ni personal capacitado para orientar correctamente al adulto mayor en el trámite. En algunos cantones, las solicitudes se resuelven con agilidad. En otros, la espera puede ser de meses, lo que hace que el beneficio llegue tarde o nunca.
El cumplimiento de estos derechos también depende del contexto económico y político de cada municipio. Mientras que ciudades han implementado ventanillas especiales, módulos de atención preferente y programas integrales para el adulto mayor, en otras localidades más pequeñas o rurales el panorama es muy distinto.
Algunos municipios simplemente no cuentan con el personal ni con una base de datos actualizada para identificar quién califica para la exoneración. En otros casos, el temor a perder ingresos municipales lleva a trabas administrativas no oficiales que dilatan los procesos.
Además, los adultos mayores deben renovar anualmente el trámite en muchos municipios, algo que para una persona con movilidad reducida o sin apoyo familiar se convierte en una barrera significativa. La situación se vuelve aún más preocupante cuando se cruzan variables como la pobreza, la ruralidad y la brecha digital.
Muchos adultos mayores en Ecuador no solo enfrentan barreras físicas para acudir a una municipalidad, sino también tecnológicas: no saben cómo usar una computadora, no tienen acceso a internet o no entienden los formularios digitales. Esto los deja fuera de procesos de registro que, en teoría, deberían facilitar el acceso a los beneficios.
A pesar de que el Estado promueve la inclusión digital, el avance es desigual y no ha priorizado suficientemente a esta población. La paradoja es clara: la ley está pensada para protegerlos, pero su acceso depende muchas veces de herramientas que no dominan o no poseen.
Otro aspecto poco abordado es el impacto emocional de estas barreras. Muchos adultos mayores sienten frustración, impotencia e incluso vergüenza al no poder completar trámites que, según la ley, deberían ser sencillos y accesibles. En lugar de sentirse respaldados por el sistema, se sienten excluidos por él.
La falta de campañas claras de información, de funcionarios empáticos y de procesos simplificados genera un entorno poco amigable para quienes, después de toda una vida de trabajo, esperan un trato digno.
Varios factores: la desinformación generalizada, una burocracia engorrosa poco adaptada a personas con limitaciones físicas o tecnológicas, la desigualdad institucional entre municipios que no cuentan con los mismos recursos ni capacidades, y la falta de coordinación entre entidades como el MIES, MSP y gobiernos locales.
Esta combinación de obstáculos impide que beneficios como la exoneración del impuesto predial, el acceso prioritario a la salud, la vivienda social o el trato preferente se conviertan en una realidad cotidiana.
Entre el abandono y la ley
La exoneración predial es apenas un botón de muestra de cómo los derechos de los adultos mayores se diluyen en la práctica. El acceso a salud gratuita y oportuna, por ejemplo, sigue siendo uno de los mayores reclamos de este grupo poblacional.
La escasez de medicamentos, la falta de médicos geriatras, las listas de espera y el maltrato en unidades de salud públicas evidencian un sistema que no responde aún a las necesidades del envejecimiento poblacional.
En cuanto a la vivienda, si bien existen planes estatales y municipales con cupos prioritarios para personas mayores, la oferta es insuficiente. Muchos viven en condiciones precarias, sin servicios básicos adecuados, y sin posibilidades de acceder a una vida digna.
En lo judicial, aunque la ley establece procedimientos rápidos para que los adultos mayores puedan recuperar bienes o reclamar pensiones alimenticias, los tiempos judiciales reales siguen siendo largos, y la falta de defensoría pública especializada agudiza su vulnerabilidad.
A esto se suma un drama silencioso y cada vez más común: el abandono. En muchos casos, los adultos mayores enfrentan no solo la indiferencia del sistema, sino también el de sus propios familiares.
Decenas de personas mayores sobreviven en la soledad, en condiciones infrahumanas, olvidados por una sociedad que aplaude el respeto a la tercera edad en los discursos, pero les da la espalda en la práctica. La deuda del Estado es grave, pero la deuda moral de la ciudadanía lo es aún más.
