CONFLICTO
El conflicto armado interno ha dejado un saldo alarmante de desapariciones forzadas en Ecuador. Según denuncias presentadas ante la Fiscalía, al menos nueve personas, entre 11 y 35 años, han sido desaparecidas en manos de las fuerzas del orden en lo que va de 2024. Este fenómeno ha cobrado mayor relevancia en medio del caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad y la comunidad.
Los padres de los niños desaparecidos en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, junto con otras cinco familias, claman por respuestas. Todos coinciden en que sus seres queridos fueron interceptados durante operativos militares, pero su paradero sigue siendo desconocido.
El abogado Fernando Bastidas, defensor de los derechos humanos, presentó estos casos ante la Asamblea Nacional, subrayando que las desapariciones no son hechos aislados, sino que responden a una política de seguridad cuestionada por diversas instancias internacionales.
En julio de 2024, el Comité Contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el aumento de violaciones a los derechos humanos y la ineficacia de las políticas de seguridad del gobierno ecuatoriano. Uno de los casos más representativos de violaciones a los derechos humanos es el de Javier Vega, un joven de 19 años, quien el 3 de febrero de 2024 fue asesinado por militares durante un operativo.
Vega, quien no tenía antecedentes penales y no pertenecía a ninguna banda criminal, fue confundido con un terrorista y recibió cuatro disparos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Su familia ha denunciado el asesinato de Vega y ha señalado a dos cabos y un marino de la Infantería de Marina como responsables del crimen. El caso sigue bajo investigación.
Otro caso que ha sacudido al país es el de Aidita Ati, subteniente del Ejército cuya muerte fue inicialmente considerada un femicidio dentro de un cuartel en la Amazonía. Aunque la versión oficial descartó el femicidio, persisten críticas sobre el manejo del caso y la falta de transparencia en la investigación.
Estos incidentes reflejan un patrón creciente de abusos por parte de las fuerzas del orden en el contexto del conflicto armado interno, lo que ha generado una fuerte condena tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad ecuatoriana, junto con organizaciones de derechos humanos, exige una respuesta contundente del gobierno para poner fin a las desapariciones forzadas y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
