SENTENCIA
La justicia ecuatoriana dictó sentencia en un caso de abuso de confianza que afectó a veintidós comunidades rurales de Riobamba. Rene L., exadministrador de la “Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Guargualla – Licto”. El hoy sentenciado aceptó su responsabilidad en el desfalco de más de 93.000 dólares y se sometió a un procedimiento abreviado, recibiendo una condena de doce meses de prisión y la obligación de pagar 46.622 dólares como reparación integral a las víctimas.
El fallo llega tras una investigación exhaustiva liderada por la Fiscalía especializada en Soluciones Rápidas 2, que logró recabar pruebas contundentes sobre la malversación de fondos en la organización comunitaria. Otros dos implicados, que ocuparon los cargos de presidente y tesorera entre 2020 y 2022, aguardan juicio por su presunta participación en el desfalco.
El fraude salió a la luz cuando la nueva directiva de la junta realizó una auditoría contable. Durante la revisión de los estados financieros, se detectó un faltante de 93.245 dólares en las cuentas de la organización. La investigación reveló que los fondos fueron utilizados para gastos personales de los procesados, incluyendo el pago de infracciones de tránsito, consultorías, celebraciones privadas y costos de matrícula y combustible de vehículos de uso particular.
La Fiscalía presentó en audiencia diversos elementos probatorios, entre ellos un peritaje contable que confirmó el monto del perjuicio, testimonios de las comunidades afectadas y un informe detallado sobre el reconocimiento del lugar de los hechos. Este caso ha generado indignación entre los habitantes de las comunidades rurales de Riobamba, quienes demandan mayores controles para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
La confianza en sus dirigentes y en la administración de los recursos se ha visto gravemente afectada, pero también ha impulsado un llamado a la fiscalización y la transparencia en el manejo de los fondos comunitarios.
El caso fue tramitado bajo el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece sanciones que ondean entre uno y tres años de prisión para aquellas personas que incurran en el delito de abuso de confianza. En este contexto, la decisión de Rene L. de acogerse al procedimiento abreviado, facilitó una reducción considerable en la pena impuesta, evitando así un juicio prolongado y mayores consecuencias legales.
Las comunidades perjudicadas esperan que el proceso contra los otros dos implicados continúe su curso y se haga justicia por la afectación económica sufrida. La sentencia contra Rene L. sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en organizaciones comunitarias, resaltando la importancia de una gestión transparente y la vigilancia de los recursos públicos y comunitarios.
