En un impactante giro de los acontecimientos, la Fiscalía General del Estado ha desmantelado una presunta red criminal vinculada con la venta ilegal de municiones de dotación policial.
La organización, que según las investigaciones estaba conformada por al menos cinco policías activos, un exagente y dos civiles, operaba bajo el manto de la impunidad, facilitando el tráfico de armas de alto calibre. Este caso ha destapado un nivel de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, que ahora enfrenta la justicia a través de una investigación exhaustiva.
El epicentro de esta operación ilegal se encuentra en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, donde el cabo Francisco P. supuestamente había comenzado a sustraer municiones de fusiles calibre 5.56 mm y proyectiles 9 mm para pistolas.
Estos elementos de dotación, que originalmente debían ser utilizados para mantener el orden y la seguridad en el país, fueron desviados hacia las manos equivocadas, dando paso a un lucrativo mercado negro. El modus operandi de los implicados era ingenioso: los policías actuaban como nexos entre la organización criminal y los compradores de las municiones.
Para el transporte de las armas y los proyectiles, se valieron de un taxista, también procesado en el caso, que cumplía la función de mensajero entre las ciudades de Pichincha y Guayas. Además, las municiones eran enviadas por encomiendas a través de empresas de transporte interprovincial, asegurando que las entregas se realizaran sin levantar sospechas.
La investigación comenzó el 13 de enero de 2025, cuando la Fiscalía, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, comenzó a seguir la pista de las municiones sustraídas.
El Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó los elementos de convicción recabados hasta el momento, lo que llevó a la jueza de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado a dictar prisión preventiva para siete de los procesados.
A los ocho imputados se les formuló cargos por delincuencia organizada, un delito que implica la participación en actividades criminales estructuradas y con objetivos definidos. Sin embargo, no todos los acusados recibirán la misma medida. Para una de las implicadas, quien tiene hijos menores de edad, la jueza determinó medidas alternativas,
