En una jornada que marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Chimborazo, el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Colta dictó el 2 de julio, auto de llamamiento a juicio contra Jeremi L. C., acusado del presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala.
Los hechos que dieron origen al proceso se remontan a un operativo policial desarrollado en la vía Riobamba-Colta. Lo que inicialmente parecía una inspección rutinaria se convirtió en una incautación de alto calibre. Al revisar el vehículo conducido por el procesado, los agentes de la Policía Nacional encontraron siete cartones de cerveza.
Pero no era alcohol lo que escondían. Dentro de los cartones, camuflados entre las botellas, se hallaron 220 paquetes rectangulares envueltos con precisión. La prueba química homologada no dejó lugar a dudas: clorhidrato de cocaína, con un peso total de 218 kilos.
La cantidad, por su volumen y valor potencial en el mercado ilegal, no solo sorprendió a los uniformados en el lugar, sino que elevó de inmediato la gravedad del delito a la categoría de “gran escala”, según lo estipulado en el artículo 220, numeral 1, literal d del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Durante la audiencia preparatoria, el fiscal del caso presentó un sólido conjunto probatorio que incluye el parte policial del operativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, los testimonios de los agentes intervinientes y peritos, así como los resultados del análisis químico y los informes periciales de evidencia.
La defensa del acusado no logró desvirtuar los señalamientos en esta fase, por lo que el magistrado no solo aceptó el llamado a juicio, sino que ratificó la medida de prisión preventiva.
El delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en gran escala se encuentra entre los más severamente castigados por la legislación ecuatoriana. De ser hallado culpable, Jeremi L. C. podría enfrentar una pena de entre 22 y 26 años de prisión, sin posibilidad de beneficios penitenciarios durante los primeros años de la condena.
Fuentes cercanas a la investigación no descartan que este caso sea apenas una pieza en una estructura más amplia de tráfico de drogas que utiliza rutas camufladas entre provincias andinas para el transporte hacia puertos del litoral.
