En Ambato un juez dictó prisión preventiva este 4 de febrero, contra Segundo Marcelo C. T. y Wladimiro Alberto T. S., quienes enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en un caso de estafa. Ambos individuos habrían fingido ser depositarios del Consejo de la Judicatura para engañar a una víctima interesada en la compra de un bien inmueble mediante un remate judicial.
El incidente ocurrió el pasado 30 de enero en una gasolinera ubicada cerca del redondel del mercado Mayorista. La víctima, con la intención de participar en el remate de un bien inmueble, solicitó resguardo policial debido a la cantidad de dinero involucrada en la transacción.
En el sitio acordado, los ahora procesados se reunieron con la víctima y le entregaron dos documentos que supuestamente acreditaban la legalidad de la operación. A cambio, la víctima les entregó un cheque por 9.000 dólares. Sin embargo, la actitud de los sospechosos levantó sospechas entre los agentes policiales que custodiaban la zona. Al revisar los documentos, los policías notaron que no tenían las características oficiales de un documento emitido por el Consejo de la Judicatura. En realidad, eran simples hojas sin ningún tipo de certificación. Ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y puestos a disposición de la justicia.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó ante el juez una serie de elementos de convicción, entre ellos, las versiones de la víctima y de los agentes policiales que participaron en el operativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencias materiales, incluyendo los documentos falsificados, teléfonos celulares y el cheque entregado por la víctima. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que verifique la autenticidad de los trámites judiciales y denuncie cualquier irregularidad ante las entidades competentes.
Ante la irregularidad, los agentes trasladaron a los implicados a las instalaciones del Consejo de la Judicatura para verificar la autenticidad de los documentos. Luego de consultar con las autoridades competentes, se confirmó que las firmas no correspondían a ninguna autoridad judicial y que Wladimiro Alberto T. S. no era funcionario de la institución, pese a haber afirmado lo contrario.
Además, la Fiscalía anunció que se abrirá una línea de investigación para determinar si los procesados podrían estar involucrados en otros delitos relacionados con la falsificación y uso de documentos falsos. El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso una instrucción fiscal de 30 días, periodo en el cual se recabarán más pruebas para el caso.
