EDITORIAL
Ayer, 3 de octubre, se recordó el Día del Radiodifusor Ecuatoriano, que se conmemora desde 1946 en nuestro país. Es una ocasión propicia para recordar que es en Riobamba donde comienza a funcionar, en 1929, la primera emisora del Ecuador: Radio el Prado. Tres años después, en 1932, Quito tiene la primera señal de radio. Desde entonces, la historia de la radiodifusión ecuatoriana ha tenido un crecimiento constante y su desarrollo ha sido a la par que la tecnología.
La radio, como medio de comunicación, es una poderosa fuente de información, educación y entretenimiento que llega con fuerza a miles de radioescuchas, convirtiéndose en eje central de la vida comunitaria, motivados permanentemente por el compromiso de impulsar el ejercicio de la Libertad de Expresión y el progreso de las sociedades libres y democráticas.
Los locutores, que hablan ante el micrófono, en las estaciones de radio, para dar avisos, noticias, para realizar programas culturales, deportivos, artísticos, etc., con una voz sonora, bien impostada, son ciertamente personas excepcionales, de alto perfil comunicacional que asumen el compromiso de llegar a sus oyentes las veinticuatro horas del día, los 360 días del año. No se dan tregua en su tarea que la llevan desde la mediocridad hasta la brillantez, como toda actividad humana. Algunos se han convertido en conductores de masas, en referentes colectivos en su rol de ofrecer a sus oyentes entretenimiento, información, cultura, arte y hasta crónica roja. Ciertamente, estos profesionales, cuya voz se escucha en millones de hogares, tienen una inmensa responsabilidad social que les obliga y compromete a una constante superación y autocrítica para un desempeño cada día más profesional, con nuevas estrategias para enfrentar el envejecimiento en el nuevo milenio. Es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a que se enfrentan muchas de ellas.
La ancianidad merece que la colectividad asuma la defensa y ejercicio de sus derechos, a fin de que ninguna persona de la tercera edad quede al margen de la atención que la sociedad, el Estado y la familia les deben.
