ASAMBLEA
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este 24 de junio de 2025 la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que introduce reformas a más de 20 leyes vigentes y que, entre sus puntos más controvertidos, incluye el aumento de penas para adolescentes involucrados en delitos graves vinculados al crimen organizado.
Con 84 votos a favor, el Pleno dio luz verde a esta iniciativa que forma parte de las propuestas con carácter económico urgente enviadas por el presidente Daniel Noboa. La ley busca fortalecer la institucionalidad pública, mejorar los procesos de contratación y erradicar redes criminales que afectan especialmente a la niñez y adolescencia.Uno de los cambios más significativos es la modificación al régimen penal juvenil.
La nueva normativa establece penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos graves como homicidios o que participen en estructuras criminales organizadas.
Además, se contempla la posibilidad de reducir la sanción en un 50% para quienes colaboren activamente con la justicia, proporcionando información clave sobre los reclutadores o cabecillas de las bandas.Hasta ahora, la pena máxima para adolescentes en Ecuador era de ocho años, y las sanciones se cumplían en centros de rehabilitación especializados, no en cárceles comunes.
La aprobación de la ley ha generado preocupación entre organismos nacionales e internacionales. Unicef Ecuador advirtió que estas reformas representan un retroceso en materia de derechos de la niñez y cuestionó su efectividad para reducir la violencia.
Además, organizaciones como Cepam han alertado sobre el riesgo de un incremento masivo del encarcelamiento juvenil y de una mayor exposición de los adolescentes al mundo criminal dentro de las prisiones.
El debate sobre el impacto de esta medida se da en un contexto de creciente violencia en el país. Según cifras oficiales, Ecuador cerró el 2024 con una tasa récord de homicidios, lo que ha llevado al gobierno a endurecer su política de seguridad.
