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La mañana del 1 de agosto, autoridades judiciales y legislativas se reunieron en el auditorio de la Corte Provincial para explicar la situación legal y técnica del inmueble.

La rueda de prensa, que estuvo encabezada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; el director provincial de Chimborazo, Alex Sánchez, y la asambleísta Mishel Mancheno, fue contundente: este no es un caso aislado. Es parte de un patrón nacional de abandono.
Durante un recorrido realizado por las autoridades, se evidenciaron las condiciones lamentables del edificio: grietas estructurales, instalaciones eléctricas obsoletas y hasta señales de que personas en situación de calle han ocupado el lugar. “No estamos hablando solo de ventanas rotas o muebles deteriorados, estamos hablando de 14 años sin acceso a la justicia para miles de chimboracenses”, denunció la asambleísta Mancheno. A este abandono físico se suma un problema institucional: por años, múltiples gestiones pasaron sin tomar decisiones concretas.
Incluso, según el presidente Godoy, durante su primera visita a Riobamba, el anterior director provincial omitió mostrarle el edificio, restando importancia a su crítica situación. El primer paso hacia la recuperación será la elaboración de un informe técnico preliminar, que estará a cargo de la Universidad Nacional de Chimborazo donde ya existe un convenio de cooperación.
Este documento servirá como base para evaluar la habitabilidad y seguridad del inmueble. Si los resultados son favorables, se iniciará el proceso administrativo para su rehabilitación, conforme lo establece la ley de contratación pública. El caso de Riobamba no es el único.
Godoy señaló que situaciones similares se han detectado en provincias como Manabí y El Oro. En Portoviejo, por ejemplo, se había declarado que el edificio judicial no era habitable, pero una inspección reciente desmintió esa versión, permitiendo reactivar su uso.
Mishel Mancheno, también primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, anunció que ejercerá una fiscalización activa desde el Legislativo. “No venimos solo a tomar fotos. Venimos a exigir respuestas, investigar el destino de los recursos y garantizar que este edificio vuelva a abrir sus puertas. Aquí no hay espacio para la comodidad ni para el silencio cómplice”, sentenció.