Por: Beatriz Viteri Naranjo
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 44 establece que, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Que tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad; y, que este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.
A nivel internacional, los principales instrumentos que consagran los derechos de la niñez son la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, los cuales reconocen a los niños como titulares de derechos y establecen obligaciones para los Estados en cuanto a su protección, desarrollo y participación. Es el tratado internacional más ratificado en materia de derechos humanos; y, entre otros, consagra el derecho a la protección cualquier forma de explotación económica, abuso sexual y otras formas de maltrato.
La vulneración de los derechos de los niños por parte de los adultos es un problema grave y extendido que afecta a millones de menores en todo el mundo; fenómeno que abarca desde la violencia física y psicológica hasta la explotación laboral y sexual, así como la negligencia y el abandono.
Los niños, niñas y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria; y, es precisamente, el Estado, la sociedad y la familia, los actores principales de garantizar su protección de sus derechos. Como víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias, como del proceso de revictimización.
El miedo forma parte de las experiencias dolorosas que paralizan a las víctimas; dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y judicial, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.
La violencia sexual constituye un hecho que lesiona profundamente el bienestar integral de las personas; trasgrede el principio supremo de la dignidad humana; más aún, cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, que por su condición de vulnerabilidad están más expuestos; sin embargo, se espera que el Estado cumpla con sus obligaciones frente a los derechos humanos de las víctimas; de respetar, proteger, garantizar, realizar una debida diligencia, y reparar, de manera oportuna y eficaz.
¡Romper el silencio es importante; proteger a nuestra niñez comienza por atrevernos a hablar claro y actuar con firmeza y responsabilidad!
