JUSTICIA
La Fiscalía de Chimborazo esperaba al dirigente indígena Fernando Guamán, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), para que rinda su versión en una investigación por el presunto delito de paralización de servicios públicos.
La sala quedó vacía: Guamán no se presentó a la cita programada para las 09H00. Todo ocurrió la mañana del 24 de septiembre.
En un comunicado difundido, Guamán agradeció a quienes lo respaldaron y aclaró: “No acudiré a la Fiscalía. Este proceso no me intimida, más bien anunciaremos nuevas denuncias contra quienes han violentado nuestros derechos”.
La declaración reavivó la tensión entre las organizaciones indígenas y el sistema judicial, justo en un momento en que el país debate los límites entre la protesta social y la comisión de delitos. El expediente que involucra a Guamán está bajo responsabilidad del fiscal Diego Andrade.
El 22 de septiembre el dirigente fue notificado oficialmente como sospechoso, con la obligación de presentarse acompañado de un abogado defensor, o en su defecto, asistido por la Defensoría Pública.
La investigación se enmarca en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con uno a tres años de cárcel a quienes interrumpan servicios públicos esenciales como transporte, salud, seguridad, telecomunicaciones o energía eléctrica.
Las movilizaciones de septiembre, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), incluyeron cierres de vías estratégicas en Chimborazo y protestas frente a instituciones estatales.
Para la Fiscalía, estas acciones cruzaron la delgada línea entre el derecho a la resistencia reconocido en el artículo 66 de la Constitución y la afectación de servicios vitales. La inasistencia de Guamán abre un nuevo escenario judicial.
La Fiscalía deberá decidir si insiste en una nueva convocatoria, si dispone medidas alternativas o si avanza hacia una imputación formal de cargos. Mientras tanto, el dirigente indígena anticipó que responderá con más denuncias en contra de funcionarios estatales, a quienes acusa de represión y vulneración de derechos colectivos.
El caso ha trascendido lo jurídico para convertirse en un pulso político. La figura de Guamán, como líder de la Comich, vuelve a poner a Chimborazo en el centro del debate nacional, recordando que la relación entre el movimiento indígena y el Estado sigue marcada por la desconfianza, la confrontación y la lucha constante por el reconocimiento de derechos.
Guamán no es el único mencionado en el expediente. La Fiscalía también abrió investigación previa contra Marlon Vargas y Matías Manya, dirigentes vinculados al movimiento indígena, la indagación se centra en establecer responsabilidades sobre la organización y ejecución de las medidas de hecho que interrumpieron actividades en la provincia.
El propio Guamán, en su pronunciamiento público, remarcó que se trata de una estrategia de criminalización. “No es casualidad que los líderes comunitarios estemos siendo perseguidos al mismo tiempo”, enfatizó.
