CLAUSURAS
La imagen dramática de equipos de rescate irrumpiendo en casos urgentes de adicción, con el fin de sacar a consumidores en crisis, es hoy un subgénero viral dentro de las redes sociales.
Bajo la premisa de “salvar vidas”, algunos centros certificados documentan sus operativos con la venia de los familiares y de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).
Sin embargo, en la sombra de ese fenómeno mediático también germinan imitaciones sin control sanitario, ni ético, alojamientos improvisados que lucran con la desesperación de las familias y multiplican los riesgos físicos y psicológicos de las personas que buscan dejar las drogas.
En Riobamba, la denominada Fundación Teo Rescata ofrecía una versión de bajo costo, y más baja aún, en garantías del modelo de intervención que hoy conquista visualizaciones en TikTok. Sus propias cuentas muestran a supuestos “rescatistas” ingresando en portales humildes, abrazando a pacientes y pronunciando oraciones frente a la cámara.
Detrás del encuadre, no existía registro alguno ante el Ministerio de Salud Pública ni aval de la ACESS que certificara protocolos médicos, historial profesional del personal o capacidad para dispensar tratamientos farmacológicos.
Según testimonios recogidos por este diario, las familias abonaban hasta 150 dólares mensuales por la “manutención” de los internos, a quienes se prometía terapia ocupacional, seguimiento psicológico y alimentación balanceada. La realidad, denunciaron allegados, era diametralmente opuesta, dormitorios hacinados, dietas insuficientes y castigos físicos para quienes mostraban síndrome de abstinencia severo.
Las irregularidades se conocieron cuando la propia ACESS exigió protección policial para su directora zonal, la médica Andrea Ochoa, tras recibir amenazas de parte de Matheo T. representante de la mal llamada fundación, luego de una inspección, se encontraron violaciones al Código Orgánico de la Salud, motivo suficiente para clausurar este centro. “Cuida tu puesto y cuida tu vida, yo tengo influencia política”, habría advertido Matheo T, según consta en el oficio remitido a la Gobernación de Chimborazo.
La Fiscalía abrió una investigación por intimidación y ejercicio ilegal de actividades relacionadas con la salud pública. Ninguna “fundación” de fachada debe burlarse de la dignidad de quienes buscan una segunda oportunidad.
Una historia que se repite en todo el país
La fundación clandestina de Riobamba encaja en un patrón nacional que la ACESS lleva dos años documentando con clausuras semanales. En enero de 2025, la entidad desmanteló tres centros ilegales en Naranjito, provincia del Guayas. En Guayaquil, hubo reincidencia en dos establecimientos que reabrieron pese a prohibiciones anteriores.
En Quito, se reportó una red que cobraba hasta $4 100 dólares por mes a cambio de terapias de torturas y hacinamiento femenino. Estas intervenciones son la punta de un iceberg que, según datos históricos, acumula más de 200 centros clausurados en los últimos cinco años.
Cada residencia clandestina no descubierta es un riesgo de maltrato, violencia sexual o incluso muertes encubiertas bajo la etiqueta de “crisis de abstinencia”. Ecuador tiene 72 casas de tratamiento certificadas para unas 90 000 personas que, de acuerdo con estimaciones oficiales, necesitan asistencia para consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas.
El desfase entre oferta y demanda deja a muchas familias en listas de espera interminables o tarifas que superan los 400 dólares mensuales en los pocos centros privados acreditados.
