Por disposición de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), 10 expresidentes y 11 exvicepresidentes reciben sus sueldos vitalicios cada mes lo que significa para el Estado un egreso de de 77.581,25 en cubrir las pensiones. Pero hay más. Según los artículos 135 y 136 de la Losep este beneficio puede ser heredado a favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido. Y en caso de fallecimiento de ambos, los montos de la pensión podrán trasladarse a los hijos menores de edad o mayores con discapacidades severas, calificadas por la entidad correspondiente.
En general, hay una fuerte corriente de opinión nacional en contra de esta entrega de sueldos de por vida a los exmandatarios. Esto motivó que el colectivo Quinto Poder Somos Todos recolecte firmas para eliminar esos pagos; tema que ya fue tratado en anteriores ocasiones en la Asamblea, pero no prosperó.
Sectores ciudadanos rechazan que ciertos expresidentes que no concluyeron su mandato, que fueron sancionados penalmente por corrupción (Jorge Glas, está en la cárcel y con pensión vitalicia de 4.000 dólares), reciban la misma pensión de otros que terminaron el mandato, como Rodrigo Borja. Otro aspecto que se presta para la discrepancia y la consiguiente polémica es la extensión de las pensiones vitalicias a la muerte del titular, si se justicia “para los hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, calificadas por la entidad correspondiente” o en el caso del cónyuge sobreviviente.
Por lo pronto, el CNE deberá verificar la legalidad de la firmas para poder remitir la propuesta a la Asamblea que deberá tratar este proyecto en primer y segundo debate y que de ser favorable, eliminará este beneficio para los presidentes y vicepresidentes constitucionales que se inició en Ecuador a partir de 1963.
