DENUNCIA
Una carta abierta firmada por 15 contratistas de distintas provincias del país ha encendido las alarmas en torno a los procesos de contratación pública llevados a cabo por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA).
La denuncia, dirigida al presidente de la República, al ministro de Energía y Minas, al director del SERCOP, al Contralor General del Estado y al Fiscal General, señala presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos desde que asumió la actual administración de la empresa pública.
Según la misiva, los procesos de licitación de mayor cuantía, es decir, aquellos que superan el millón de dólares presentan un patrón repetitivo: cerca del 90% de los oferentes son descalificados sin justificación clara, dejando como finalistas a las mismas empresas, que a su vez presentan ofertas con mínimos descuentos respecto al presupuesto referencial.
Los contratistas aseguran que han presentado múltiples reclamos ante el SERCOP, entidad encargada de regular la contratación pública, sin recibir respuestas efectivas. Según denuncian, la falta de sanciones directas ha facilitado un escenario propicio para prácticas colusorias y adjudicaciones cuestionables.
“No podemos seguir permitiendo que se juegue con los recursos públicos a vista y paciencia de todos”, expresa el documento, firmado por representantes de empresas de al menos nueve provincias, entre ellas Azuay, Cañar, Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua.
Ante la magnitud de la denuncia, tres Colegios de Ingenieros Eléctricos del país (de Azuay, Tungurahua y Chimborazo) se reunieron el pasado 30 de junio para respaldar públicamente el reclamo. Mediante un comunicado conjunto, los colegios exigen a los accionistas de EERSA y a los entes de control del Estado que tomen acciones inmediatas.
Entre las medidas propuestas está la conformación de una mesa técnica integrada por representantes del SERCOP, EERSA, los oferentes afectados y delegados profesionales de los gremios, para analizar de forma técnica y transparente los procesos cuestionados.
El ministro subrogante de Energía y Minas ha solicitado formalmente la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar la designación de un nuevo gerente general de la empresa. Los firmantes de la carta solicitan que se nombre a una persona que garantice transparencia y participación, para que Chimborazo reciba obras de calidad y con precios justos.
A la fecha, la ciudadanía y los entes de control aguardan respuestas claras sobre el destino de más de 33 millones de dólares en contrataciones ejecutadas entre 2018 y 2024, y sobre el futuro de una empresa que, según denuncian sus propios contratistas, ha dejado de ser un ejemplo de gestión transparente.
