Por: Milica Pandzic
No es la primera vez que la Corte Constitucional es usada como chivo expiatorio, y probablemente no sea la última. Si bien no es perfecta (así como nada humano puede serlo), y aunque muchas veces no estemos de acuerdo con sus decisiones o razonamientos, la Corte Constitucional es una de las pocas instituciones ecuatorianas que cumple con su trabajo sin responder a presiones políticas.
Justamente por esa razón suele encontrarse atrapada en medio del conflicto entre la política y el Estado de Derecho. La política sobrevive del apoyo popular, y para eso requiere respuestas fáciles (aunque no sean verdaderas soluciones). En el afán de encontrarlas, muchos gobernantes prefieren desconocer el marco jurídico. Estos atropellos, aunque parezcan menores al inicio, y vengan disfrazados de buenas intenciones, son las piedras que pavimentan el camino hacia el autoritarismo.
La existencia de una Corte Constitucional independiente y autónoma no es solo importante, es esencial, porque constituye la última línea de defensa del Estado de Derecho, pilar fundamental de cualquier democracia liberal. Es por eso que la Corte Constitucional incomoda a cualquiera que no quiera jugar en una cancha enmarcada por la Constitución, la ley, y la institucionalidad democrática. Lo preocupante es que lo que está verdaderamente en juego son nuestros derechos y libertades, los que se encuentran protegidos detrás de esa estructura que hoy el Presidente Noboa pretende desprestigiar.
Por tanto, si el presidente Noboa realmente es un líder democrático, debe enmarcar sus acciones en el orden constitucional instituido. Hay mucho que el Presidente puede hacer a favor del país dentro del marco institucional. La propuesta de someter a la Corte a un control político, o las convocatorias de marchas en contra de su autoridad, además de absurdos, parecen ser intentos desesperados de ampliar su poder político sobrepasando los límites sanos de la institucionalidad del país y de nuestros propios derechos.
