Por: Wellington Toapanta
La decisión gubernamental de “aplazar” la convocatoria a la Constituyente por obtener, vía parlamentaria, leyes para enfrentar estelas de inseguridad, desempleo y otros agobios ciudadanos activaron pertinencias constitucionales y de instrumentos internacionales.
Cierto que urgen preceptos eficaces para acometer los crecientes enfrentamientos entre organizaciones delictivas que agobian a la población, pero también lo es que atajos distintos a la baja de la Constitución del 2008 no serían suficientes para superar las ingentes garantías que las protegen.
Obtener urgencias legales dependerá de la sobrevivencia de la mayoría que permitió organizar la nueva Asamblea Nacional, de la híbrida Corte Constitucional caracterizada por controversiales fallos de anuencia a alza de sueldos magisteriales sin financiamiento, de ordenar una consulta popular con una pregunta difusa para cerrar los campos petroleros ITT, alentar crisis política con el juicio político a Guillermo Lasso, arrogarse acción legislativa.
El escenario no es llano, tiene rampas. Tramitar el proyecto para desarticular la economía criminal, semeja globo de ensayo presidencial, de beneplácito internacional e incidió en reducir el riesgo país a 995 puntos, pero internamente enfrenta reparos de forma y de fondo. ¿Afectará a la mayoría legislativa?, ¿si rige por el ministerio de la ley, actuará la Corte Constitucional?
El Salvador mutó de país más violento del mundo a más seguro por concertadas acciones ejecutivas, legislativas, judiciales, constitucionales, ciudadanas, consecuentes con bienestar ciudadano, muy desarticuladas en Ecuador, por lo que “aplazar” la Constituyente abonaría incertidumbre, otorgando pábulo a quienes discursean que el Estado garantiza el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (Art. 3.1 de la Constitución), pero pujan por controversiales derechos que impiden establecer esas culturas.
