12 ex trabajadores públicos se reunieron en las instalaciones de la Defensoría Publica para hacer un pronunciamiento en el que dieron a conocer que
desconocen las razones de su despido.
Patricia Calderón, vocera de los ex trabajadores, señaló que el pasado 13 de febrero, en un acto que calificaron como inconstitucional, fueron notificados de su salida del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Según lo mencionado, lo que les sorprendió fue que antes de recibir las notificaciones ya estuvieron depositadas en sus cuentas las denominadas indemnizaciones por su salida.
Luego de la notificación con la acción de personal, la responsable de talento humano y el abogado institucional pidieron que abandonen las instalaciones del MIES, sin una firma de entrega de recepción de documentos, bienes, papeles.
“Según lo que consta en la acción de personal, figura que se utiliza para nuestra salida es la compra de renuncia con indemnización, compra que ninguno de nosotros hemos pedido”, dijo. “Como entenderán esta situación tan sorpresiva ha afectado a todas nuestras familias en el estado anímico, psicológico y económico.
Muchos de nosotros nos hemos quedado sin piso para cumplir y llevar sustento a nuestras familias y pagar los créditos que normalmente se hace para proveer a nuestros hijos de techo y educación”, dijo.
Julio Paredes, uno de los afectados y quien presidió la reunión, mencionó en su intervención que “ahora nos sumamos al grupo de desempleados que ha generado el gobierno a través de sus políticas erróneas cuando hace caso de quienes pregonan que se debe des institucionalizar el Ecuador, descuidando Todos los servicios sociales.
Todos quienes estamos aquí fuimos servidores públicos de carrera, que jamás tuvimos llamados de atención. No descuidaremos las acciones legales que permita reivindicar nuestros derechos y dignidad”, aseveró. (13)
