POLÍTICA
Este 2 de junio de 2025, la justicia española evaluará la posible extradición de Mercedes Villarreal, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, procesada por presunta participación en una red de corrupción judicial en Ecuador, conocida como el caso Purga.
Villarreal fue detenida en julio de 2024 en la ciudad de Lleida, en el noreste de España, tras salir de Ecuador con destino inicial a Países Bajos. Actualmente permanece en libertad bajo medidas cautelares, mientras enfrenta el proceso de extradición solicitado por las autoridades ecuatorianas.
Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, instancia judicial española encargada del caso, la solicitud de extradición cumple con los requisitos legales para que Villarreal sea entregada a Ecuador. Sin embargo, la exfuncionaria ha manifestado su oposición al proceso.
La investigación ecuatoriana sostiene que Villarreal habría utilizado su cargo para manipular la estructura judicial en Guayas, removiendo jueces y archivando causas con el fin de favorecer a una presunta organización criminal. La red, según datos oficiales, habría operado bajo un esquema de tráfico de influencias y cohecho, generando beneficios ilícitos cercanos a los 4 millones de dólares.
El caso Purga se conecta con una serie de procesos judiciales que han sacudido al sistema de justicia ecuatoriano. Entre los implicados figuran el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, ambos ya sentenciados a 13 años de prisión.
Este escándalo se desprende del caso Metástasis, una investigación más amplia que reveló vínculos entre estructuras del crimen organizado y funcionarios del sistema judicial, liderada originalmente por el narcotraficante Leandro “El Patrón” Norero, asesinado en 2022 mientras se encontraba en prisión.
Las autoridades esperan que la decisión de la Audiencia Nacional permita avanzar en la judicialización completa del caso Purga y en el desmantelamiento de estructuras de corrupción enquistadas en la justicia ecuatoriana.
