Por: Manuel Castro
Frente a la denominada “pugna” entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, los gremios de abogados, sindicalistas, analistas jurídicos, lo primero que deben leer es el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, aprobada mediante consulta popular en el 2008, que el Ecuador no es “Estado de Derecho” sino de “derechos y justicia”. En consecuencia, no hay una norma suprema a la que debamos someternos sino que queda al arbitrio del Gobierno, asambleístas, sociedad civil, instituciones judiciales, Corte Constitucional, aplicar sus criterios ideológicos, revolucionarios, progresistas, o lo que venga en gana, pues cualquiera puede tener y ejercer una posición a pretexto del amparo de sus derechos y de su justicia. En la práctica hasta existen jueces inferiores constitucionales, con nulo conocimiento jurídico, que pueden echar a tierra leyes, resoluciones o acciones de cualquier ciudadano.
La Corte Constitucional, más allá de la calidad y honestidad personal de sus miembros, es el resultado de ese bodrio que es la Constitución de 2008. Por simple mayoría puede declarar las leyes expedidas como constitucionales o inconstitucionales, según esté con el Gobierno o con la oposición o la intrínseca ideología de cada uno de sus miembros, pues no se puede negar que es un ente político que, si es del caso, hasta puede obviar que el Ecuador ha sido calificado como “La autopista del narcotráfico” Con su mayoría resolvieron la consulta sobre el Yasuní, que tanto perjuicio económico cuesta al país (hasta los habitantes de la región son afectados y así lo reclaman). Con mayoría, más allá de superficiales análisis jurídicos, autorizaron el juicio político a Lasso y le impidieron terminar su mandato, y que surja como primera opción para la Presidencia de la República Daniel Noboa, que ahora tanto se lamentan correístas, opositores profesionales, analistas politiqueros, periodistas dizque progresistas. Pero, sobre todo los narcos y el crimen organizado, que lamentan posibles planes para su exterminio, y que, de seguro, aplaudirán la dizque “pugna”, pues ese tiempo y espacio les permitirá proseguir con sus crímenes.
Las mafias no juegan a ser demócratas ni subordinarse como cualquiera a la leyes civiles, penales, fiscales, tributarias, lo que exige al país normas de excepción para enfrentarlas con éxito.
Los que se rasgan las vestiduras, alarmados porque dócilmente a la mayoría preocupa las decisiones de la Corte Constitucional, no se percatan que el país es el afectado, las Fuerzas Armadas y la Policía debilitadas, la inseguridad indetenible gracias al mercado infame de la narcodelincuencia, la cual sólo defiende sus ilícitos negocios. La Constitución de 2008 no permite un control constitucional severo, que correspondería a una Sala especializada de lo Constitucional en una Corte Suprema de Justicia, Sala integrada por jueces conocedores y capacitados para el tema, magistrados probos y vitalicios, imparciales, independientes, conocedores de la Ética Judicial, que es justicia y equidad.
Entonces, el Ecuador requiere de una Constitución democrática, aprobada mediante consulta popular, pues no es suficiente la voluntad política ni los discursos patrióticos ni las inútiles condenas de ciertos organismos internacionales, generalmente ciegos e impotentes, a lo que sucede en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, donde la democracia, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos son los grandes ausentes.
