En la convocatoria estuvieron presentes representantes a nivel nacional y de las regionales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope); del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare), para conocer la información detallada por el Ministro.
Al inicio de la comparecencia, el titular de la cartera de Economía se refirió al manejo de las finanzas externas, específicamente al pago de la deuda externa, esto como respuesta a un planteamiento de la legisladora Mónica Alemán. Como Gobierno Nacional estamos renegociando la deuda en términos que puedan dar al país líneas de créditos de multilaterales y traer recursos frescos, destacó Martínez.
De mayo de 2017 a mayo de 2019, el Ecuador ha cancelado 15 mil millones de dólares por concepto de deuda que no fue contraída por el actual Gobierno, dijo. No pagar esos recursos significaría que el país se someta a un default que generaría perjuicios externos como litigios, cancelación de líneas de crédito, de cuentas en el exterior, embargo de bienes, entre otros.
El ministro informó que la entidad arrastra una deuda de varios años con los GAD, en lo que respecta a las transferencias de recursos y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A este escenario, se suma la situación de la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19.
Sobre la transferencia de recursos, informó que se ejecuta en base a la metodología del Modelo de Equidad Territorial (MET) contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y que consta en la Constitución.
Sobre el estado de las transferencias a los GAD, el ministro Martínez informó que, con corte al mes de mayo, se han pagado 659,7 millones de dólares. De los montos transferidos detalló: a los Consejos Provinciales suman 151 millones de dólares; a los municipios, 463 millones de dólares y 45,9 millones de dólares a las Juntas Parroquiales. Existen atrasos en los meses de abril y mayo.
El ministro detalló que son 356,2 millones de dólares de deuda con los GAD, que serán cancelados a partir del mes de junio, cuando el Ecuador reciba recursos de parte de organismos multilaterales y se reaperturen actividades internas. Se espera contar con un monto de 150 millones de dólares, advirtió.
Señaló además que, a los 7 municipios más grandes del país, el Ministerio adeuda un total de 126 millones de dólares, pendientes por los meses de febrero, marzo y abril. A los 62 municipios medianos, el Ministerio adeuda 56,6 millones. A los municipios pequeños, por su parte, se adeuda 39,8 millones.
Es decir, los atrasos con los GAD municipales es de 222,4 millones. A las 24 prefecturas, se adeuda 118,5 millones de los meses de marzo y abril; y, a los 821 organismos parroquiales, 15,3 millones de dólares, tan solo de abril.
Explicó además sobre los montos por devolución del IVA a los GAD. Dijo que estos recursos se operativizan a través de proyectos de inversión dentro del Fondo de Inversión para los GAD (Fingad), mismos que se han cancelado en base a la disponibilidad fiscal.
Al término de la exposición, Martinez se refirió a la optimización de recursos en lo que respecta la calidad del gasto y el uso de los mismos en los GAD, puesto que en la actual coyuntura se deben priorizar los gastos. Por ello, planteó a la mesa legislativa y a los representantes de los niveles de gobierno subnacionales, ejecutar mecanismos de optimización de recursos y que estos vayan en beneficio del país con inversión pública.
A su turno, los legisladores de la Comisión consultaron sobre el pago de la deuda externa. También, sobre las asignaciones presupuestarias a los GAD y el tiempo que le tomará al Ministerio igualarse en los recursos que se deben entregar a los seccionales. Por otro lado, se solicitó el respeto a las autonomías y competencias; priorizar el pago a los municipios para la atención de la emergencia sanitaria, entre otros temas.
Las interrogantes dirigidas por los representantes de AME, Congope y Conagopare, se orientaron a la afectación por el atraso de los recursos a esas entidades, concreción de la asignación de recursos. Además, que se viabilicen los recursos del Fingad para la ejecución de proyectos y el rechazo a un eventual recorte presupuestario que afectaría a los GAD.
