Artículo de opinión Por: Jordi Oriola Folch
Para formar un gobierno del PSOE y Sumar (centro e izquierda) y evitar uno de PP y VOX (derecha y extrema derecha), pactaron de 8 partidos, con 179 escaños, que representan a 12,3 millones de ciudadanos. Los independentistas catalanes, imprescindibles para conseguir el pacto, exigieron, como condición inicial, aprobar una ley de amnistía que desactivara la represión judicial con la que la alta magistratura, motivada por su exacerbado nacionalismo español, ha perseguido a los nacionalistas catalanes (500 personas tienen condenas o juicios pendientes). El PSOE, que también es muy nacionalista y que rechazaba la amnistía, después de las elecciones dio un giro de 180º y aceptó la amnistía para no perder el gobierno.
La ley de amnistía no está siendo aceptada por el nacionalismo español, por tanto, ya veremos cómo se acabará aplicando, pero en realidad lo que hubiera sido justo hubiera sido un proceso de nulidad de las causas, admitiendo que los independentistas catalanes no habían cometido ningún delito al organizar un referendo de autodeterminación y que las acusaciones contra ellos eran parte de la “lawfare” (instrumentalizar la justicia con fines políticos) que utilizó el estado contra ellos. Entonces se hubiera podido juzgar a los policías que atacaron indebidamente a los votantes del referéndum. En la amnistía, en cambio, se anulan los delitos que se entiende que cometieron ambos bandos, pero es que el bando independentista actuó democráticamente y no cometió ningún delito, mientras que el estado sí actuó fuera de la ley.
Pese a que la amnistía es injusta con los independentistas porque les atribuye delitos, lo que saca de quicio al nacionalismo español es que, siendo ellos los fuertes, no puedan ganar y humillar a los débiles, como han hecho siempre. Por ser el estado la parte fuerte, que apruebe la amnistía implica que acepta implícitamente que jugó sucio con el ilegítimo objetivo de intentar destruir un movimiento político perfectamente legítimo.
El Congreso español ha procurado que la ley no tuviera ninguna ambigüedad porque se tenía la certeza de que los jueces intentarían interpretarla tergiversadamente contra los independentistas catalanes. Como no se puede amnistiar a personas concretas por el hecho de ser independentistas (de hecho “ser independentistas” fue “su delito”), se amnistiaban delitos concretos, en el contexto del proceso independentista catalán, con algunas exclusiones: la malversación (con enriquecimiento personal o afectación de los intereses financieros de la UE), la alta traición (con “un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial”) y el terrorismo ( “que haya causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”).
La ley, aprobada el 7 de marzo, fue rechazada por la derecha y los jueces, y el expresidente Aznar dijo que “quien pudiera hacer algo contra la ley de amnistía, que lo hiciera”. Desde el correo electrónico oficial del Consejo General del Poder Judicial (máximo órgano de la judicatura española) se distribuyó, a todos los jueces, un manual sobre cómo paralizar la aplicación de la ley de amnistía, ignorando el espíritu del legislador, lo que anula el estado de derecho para los independentistas catalanes.
En cuanto al delito de alta traición, el juez Joaquín Aguirre no quiere amnistiar a los acusados del plan secreto que, según él, el independentismo catalán tenía con Putin para desestabilizar Europa. Él mismo ha dado declaraciones a la televisión alemana esparciendo información secreta del sumario para desprestigiar a los acusados.
Tampoco el juez Manuel García-Castellón quería amnistiar a Puigdemont y otras siete personas (que se habían exiliado a Suiza) por el delito de terrorismo que atribuía a unas manifestaciones de 2019. Afortunadamente, el juez se ha visto obligado a archivar la causa, pero no por la aplicación de la amnistía, sino por un error de procedimiento. Cinco de los encausados han podido finalmente regresar del exilio…
