Por: Wellington Toapanta
Por decisión unánime del Tribunal de Juicio del caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sumó otra sentencia penal a su hoja de vida, con pérdida de derechos de participación por 25 años, inhabilidad indefinida para ocupar funciones públicas en instituciones financieras y relacionadas, indemnización al Estado por $125 millones y multa igual a 60 salarios básicos unificados.
De ratificarse el fallo, Glas podría reiniciar vida política cuando sobrepase 81 años de edad, untado de asociación ilícita, cohecho, abuso de fondos públicos recaudados por la Ley de Solidaridad para reconstruir las provincias de Manabí y Esmeraldas, dañadas por el terremoto de 2016, y, posiblemente de otras en curso.
El caso persuade a organizaciones y actores políticos hacer gestión gubernamental éticamente, evitando colisiones legales, no hacerlo les engendrará traumas que les movilizará a hurgar paraguas de retorcidos grupos, gobiernos y organizaciones de derechos humanos para que clamen por su impunidad.
El Art. 227 de la Constitución determina que la administración pública constituye servicio a la colectividad bajo principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, pero fallos motivados han mostrado activos servidores cumpliendo tal abecedario, sedando a la transparencia para manosear beneficios personales y de terceros.
Cuando el desempeño público debe ser transparente, en Ecuador se muestran exgobernantes transgresores penados, mientras otros maniobran para evitar imputaciones, como el denunciado presunto “enriquecimiento ilícito” de la expresidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. No se dude: seguridad y desarrollo nacional también hacen crisis por políticos y burócratas que ven a la función pública como medio para forjar sueños de grandeza, por ello la evaluación preventiva es un remedio.
