Llamaron a juicio a Juan Enrique T. L., un exdocente de inglés acusado de abusar sexualmente de un estudiante de 14 años en el cantón Pallatanga. El caso ha generado indignación en la comunidad educativa y ha reabierto el debate sobre la seguridad de los menores dentro de los centros educativos.
La investigación inició después de que el rector de la unidad educativa presentara una denuncia ante la Fiscalía. La alerta se dio cuando el padre del menor acudió a la institución para manifestar su preocupación sobre un drástico cambio en el comportamiento de su hijo. Según el testimonio, el presunto abuso ocurrió el 24 de abril de 2023, cuando el estudiante permaneció en la institución después del horario escolar para ayudar al docente a ingresar calificaciones en el sistema. Días después del incidente, la familia del menor notó cambios significativos en su actitud. El adolescente se mostraba retraído, irritable y sumamente sensible, lo que generó preocupación entre sus allegados. Tras la insistencia de sus padres, el menor reveló lo sucedido, lo que llevó a su familia a presentar la denuncia correspondiente. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente, tras analizar las pruebas presentadas, determinó el inicio del juicio y ratificó una serie de medidas cautelares contra el acusado. Entre las disposiciones establecidas se encuentran la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales. Además, se dispuso la retención de cuentas bancarias del exdocente por un monto de 20.000 dólares. Estas medidas buscan garantizar la presencia del acusado durante el proceso judicial y evitar cualquier posible intento de fuga. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen otros posibles casos de abuso dentro de la institución educativa o si el acusado estuvo involucrado en hechos similares anteriormente.
Durante la etapa de instrucción fiscal, la Fiscalía recabó una serie de pruebas clave para el caso. Entre ellas, se encuentran los testimonios de los padres del menor, docentes y compañeros de escuela, quienes confirmaron los cambios en la conducta del estudiante tras el presunto abuso. Además, se presentaron informes psicológicos y médicos que respaldan la versión de la víctima y sugieren un impacto emocional grave en el adolescente.
De acuerdo con el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de abuso sexual contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años. El caso ha generado una ola de indignación entre padres de familia, docentes y estudiantes en la provincia de Chimborazo.
