CORRUPCIÓN
Una década no borra los escombros si aún queda corrupción entre los cimientos. Nueve años después del devastador terremoto que enlutó a Ecuador y dejó más de 670 muertos en Manabí y Esmeraldas, la tragedia resurge, no desde la tierra, sino desde los expedientes judiciales.
La justicia ecuatoriana analiza ahora si debe llamar a juicio a quienes, lejos de reconstruir, habrían saqueado los fondos destinados a levantar las ciudades derrumbadas.
El miércoles 16 de abril, la Corte Nacional de Justicia reabrió las puertas de una causa que ha esperado por años entre archivos y postergaciones. En una sala penal se reinstaló la audiencia devaluatoria y preparatoria de juicio contra nueve exfuncionarios públicos.
La fiscal general Diana Salazar fue clara: pedirá que todos sean llamados a juicio por el presunto delito de peculado. Y en el centro del caso está un nombre conocido: Jorge G., exvicepresidente de la República y entonces presidente del Comité para la Reconstrucción de las zonas afectadas.
Hoy, cumple condenas previas en la cárcel de La Roca por delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Pero esta vez enfrenta otra sombra: la de haber permitido o dirigido el desvío de fondos que debieron ser utilizados para levantar escuelas, hospitales y viviendas en una de las regiones más golpeadas por la tragedia natural.
La Fiscalía sostiene que los recursos obtenidos a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, una norma emergente promulgada tras el sismo por el entonces presidente Rafael Correa, fueron desviados hacia obras no prioritarias, sin sustento técnico ni urgencia real.
La ley recaudó un total de USD 1.623 millones, que debían destinarse a la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas. Pero, según la acusación, al menos 584 proyectos fueron aprobados sin justificación técnica. Entre ellos, destacan obras como el Parque Las Vegas, en Portoviejo, y la vía Manta-Colisa.
Proyectos polémicos que, aunque vistosos, no respondían al objetivo inmediato de recuperación tras el desastre. El caso tiene como sustento un informe de la Contraloría General del Estado emitido en 2019, que señala indicios de responsabilidad penal.
No solo se habrían utilizado los fondos de forma indebida, sino que también se habría favorecido a contratistas con supuestos vínculos personales con los funcionarios procesados.
Además de Jorge G., la lista de procesados incluye a exautoridades de alto nivel: Carlos B., exsecretario técnico de Reconstrucción, y Walter S., exministro de Obras Públicas, ambos actualmente prófugos de la justicia.
También figuran Boris C., exministro de Transporte; Franklin B., exsubsecretario del MTOP; Pablo O., exgerente de Ecuador Estratégico; Omar Ch., Víctor J., y Milton Daniel M.E., todos con cargos clave en la administración pública durante el periodo posterior al terremoto.
Para la Fiscalía, no hay duda: se trató de una malversación sistemática de fondos públicos, tipificada como peculado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena oscila entre 10 y 13 años de prisión. Un delito que no prescribe, y que pesa con fuerza en la memoria colectiva de los manabitas.
