EXTORSIÓN
Desde el año 2021, una familia riobambeña ha vivido bajo una constante amenaza que terminó por obligarlos a abandonar su hogar, su trabajo y su ciudad. Las víctimas, ahora asentadas en otra provincia del país, denunciaron ante la Fiscalía General del Estado una serie de extorsiones, agresiones físicas, intentos de secuestro y amenazas de muerte presuntamente cometidas por un grupo delictivo estructurado que opera en la región centro del país.
Según consta en el documento de la denuncia, las intimidaciones iniciaron tras la participación de la familia en actividades políticas durante campañas electorales recientes. El padre (E.H.), chofer de taxi, fue secuestrado mientras trabajaba en su vehículo. Durante el hecho fue brutalmente golpeado y obligado a pagar dos mil dólares mensuales bajo amenazas contra su vida y la de su esposa e hijos.
Los agresores le aseguraron que conocían todos sus movimientos, el domicilio familiar, el negocio de su esposa y hasta las escuelas de sus hijos menores.La madre (B.A.), comerciante y propietaria de un pequeño Mini Market, también fue blanco de los extorsionadores.
En su testimonio (denuncia en la Fiscalía), relató que sujetos armados, encapuchados y en grupos de al menos cinco personas llegaban de manera frecuente a su negocio y a su casa. Allí exigían dinero y le advertían que si no colaboraban políticamente con cierto grupo, ejecutarían represalias.
En una ocasión, uno de los atacantes le colocó una pistola en el pecho y la rastrilló frente a sus hijos. El hecho más alarmante se registró en 2024, cuando desconocidos intentaron secuestrar a la hija menor de la familia. El intento fue frustrado gracias a la intervención de vecinos del barrio Bellavista (Riobamba), quienes alertaron y enfrentaron a los atacantes, que se movilizaban en un vehículo blanco sin placas y una motocicleta.
Los agresores huyeron del lugar, pero dejaron sembrado el terror.Ante el temor de que las amenazas se concreten, la familia decidió cerrar su negocio, dejar su ciudad y buscar resguardo en otra provincia del país. En la denuncia, solicitaron a la Fiscalía que se les asigne un agente investigador y se active un protocolo de protección, ya que aseguran que las amenazas persisten y temen por sus vidas.
El caso ha sido tipificado como delito de extorsión, conforme al artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, y se espera que la justicia actúe con frente a este tipo de violencia sistemática que mezcla la intimidación armada con presiones políticas.
