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viernes, junio 6, 2025

Fiscal de Chimborazo es suspendido por agredir físicamente a un colega al finalizar la jornada laboral

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SUSPENSIÓN

Un acto de violencia protagonizado por un funcionario judicial en Chimborazo ha generado sorpresa y rechazo dentro del sistema de justicia ecuatoriano. El Consejo de la Judicatura resolvió suspender por 15 días sin sueldo al fiscal Eduardo Bolívar Santillán Chávez, quien agredió físicamente a su colega José Ricardo Jara León el pasado 13 de mayo.

Fiscal suspendido por agredir a colega en la Fiscalía de Chimborazo.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00, en los exteriores del garaje de la Fiscalía Provincial de Chimborazo, justo cuando Jara León fiscal del cantón Riobamba concluía su jornada laboral. Según el expediente disciplinario, Santillán, quien ejerce funciones en Pallatanga, le propinó una patada en la zona inguinal, acción que fue presenciada por José Francisco Verduga, director de Recursos Humanos de la institución, quien intervino de inmediato para frenar la agresión.

La sanción fue ratificada el 3 de junio por el Pleno del Consejo de la Judicatura, luego de que el fiscal implicado apelara la resolución emitida inicialmente por la Delegación Provincial. La medida se basa en la violación del Código de Ética y de varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial.

Este hecho ha encendido las alarmas en torno al comportamiento ético de los servidores judiciales, generando preocupación sobre la convivencia interna en instituciones que deben ser ejemplo de legalidad y respeto.

Otras sanciones en el sistema judicial

En paralelo, la Judicatura también aplicó medidas disciplinarias a otros funcionarios del sistema. Tres jueces del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar fueron suspendidos por 15 días sin goce de sueldo, tras omitir pruebas clave —incluyendo el testimonio de una víctima— y los alegatos finales de la defensa en un caso por estafa.

Además, en la provincia de El Oro, un juez de la Unidad Judicial Civil de Machala fue multado con el 10% de su salario mensual por retrasos en el tratamiento de una acción de protección.

Estas decisiones forman parte del compromiso del Consejo de la Judicatura de garantizar la integridad y la transparencia en la administración de justicia del país.

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