SANCIONES
En una resolución adoptada durante una sesión ordinaria, el Consejo de la Judicatura sancionó a cuatro funcionarios judiciales de las provincias de Chimborazo, Imbabura, Tungurahua y Guayas por infracciones graves contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Las sanciones impuestas el 29 de julio van desde multas económicas hasta destituciones, y evidencian no solo fallas individuales, sino también un sistema vulnerable a la negligencia, el abuso de poder y la falta de control institucional. Casos prescritos, procesos paralizados y ética comprometida marcan este nuevo episodio.
En Chimborazo, el fiscal F.R.V.C. fue suspendido 30 días sin derecho a remuneración, por “actuaciones indebidas en el ejercicio de sus funciones”, según el comunicado oficial del CJ.
Aunque los detalles específicos del caso no han sido divulgados públicamente, fuentes internas confirman que se trata de omisiones graves en procesos clave, generando incertidumbre sobre la imparcialidad y eficiencia de la Fiscalía en la región. Otro caso se dio en la Unidad Judicial Multicompetente de Píllaro, provincia de Tungurahua.
La secretaria judicial A.M.M.N. fue destituida por haber permitido que una acción penal prescribiera debido a una demora administrativa de proporciones insólitas: cinco años y 16 días en remitir documentos fundamentales de un proceso penal. La costa también vio caer a uno de sus representantes judiciales.
La jueza M.F.V.M., de la Unidad Judicial Penal Norte N.º 2 de Guayaquil, fue destituida tras comprobarse que solicitó o recibió préstamos, bienes o servicios que comprometen su imparcialidad, una falta contemplada en el artículo 109 del COFJ. La Judicatura fue tajante, el comportamiento de la jueza atentó contra la ética judicial y minó la confianza ciudadana.
La corrupción, aunque disfrazada de “favores”, deja heridas profundas en un sistema que debe ser por definición limpio, imparcial y transparente. Paradójicamente, quien debía velar por la disciplina dentro de la justicia también cayó. J.K.R.M., Coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario del CJ en Imbabura, fue sancionada con una multa del 20 % de su sueldo por retrasos injustificados en dos expedientes, lo que ocasionó su prescripción.
