CASO
La Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su preocupación por las demoras en la investigación de un presunto peculado en la contratación de una póliza de seguros en Petroecuador, por más de 98 millones de dólares. En un comunicado oficial, la institución detalló que la instrucción fiscal enfrenta múltiples obstáculos legales que impiden su desarrollo normal.
El 6 de febrero de 2024, la FGE formuló cargos contra cinco funcionarios de Petroecuador y solicitó una audiencia de vinculación para mayo de ese año. Sin embargo, desde entonces, las defensas de los procesados y otras personas vinculadas presentaron recusaciones a jueces y solicitudes de diferimiento, lo que retrasó el proceso.
Tras siete aplazamientos, la audiencia se instaló el 9 de febrero de 2025 y continuó el 13 de febrero. No obstante, nuevamente se suspendió, y los procesados fueron convocados para una nueva fecha, el 16 de febrero a las 08H00.
El 20 de diciembre de 2024, a las 23H54, uno de los procesados presentó una acción constitucional en Guayaquil. Un juez de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar concedió una medida cautelar que ordenó el cierre de la instrucción fiscal.
Ante esto, la FGE solicitó la revocatoria de la medida, con base en la sentencia Nro. 12-23-JC/24 y otras resoluciones de la Corte Constitucional que establecen la improcedencia de este tipo de decisiones en procesos penales.
La Fiscalía afirmó que su labor se rige por la legalidad y que su objetivo es esclarecer los hechos sin sesgos. No obstante, advirtió que existen intentos por frenar el avance del caso, lo que podría impedir conocer la verdad.
