PRISIÓN
Una funcionaria del Municipio de Latacunga, identificada como Paulina E., fue detenida y procesada por presunta estafa y tráfico de influencias. Sin embargo, lo que ha captado la atención no solo son las graves acusaciones en su contra, sino también la drástica reacción de la comunidad: la mujer fue obligada a caminar descalza y con las manos atadas por las calles, como parte de un escarmiento público que ha generado controversia y debate sobre la justicia popular.
La historia comenzó a tomar fuerza a principios de diciembre de 2024, cuando Paulina E. se acercó a un ciudadano en el cantón de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Según la Fiscalía, la funcionaria se presentó como una persona con conexiones dentro del Municipio de Latacunga y ofreció su ayuda para conseguir empleos en distintas entidades municipales a cambio de una suma de dinero.
En esta ocasión, el denunciante, quien al parecer tenía el propósito de conseguir empleo para varias personas, entregó la suma de USD 12.000 a la mujer. La suma, destinada para cinco personas, fue acompañada por las hojas de vida de los solicitantes, quienes esperaban ser contratados en los municipios de Latacunga, Pujilí y Saquisilí.
Los puestos ofrecidos, según la acusación, iban desde USD 800 hasta USD 1.500 de salario, una promesa que nunca se cumplió. La mujer, quien ya había logrado convencer al ciudadano de su supuesta capacidad para influir en las decisiones de contratación, es acusada de ofrecer estos puestos a cambio de una considerable cantidad de dinero, un delito que, de confirmarse, habría causado un daño económico considerable a varias familias.
Lo que ocurrió después fue aún más llamativo. Cuando la comunidad de Salcedo tuvo conocimiento de los hechos, reaccionó de manera directa. En un gesto de justicia popular, varios ciudadanos decidieron hacerle pagar a Paulina E. por sus acciones. La mujer fue detenida por la policía, pero antes de ser llevada ante la justicia, fue obligada a caminar descalza por las calles de la ciudad con las manos atadas.
Este acto, calificado por muchos como una humillación pública, fue visto como una forma de escarmentar a la acusada por lo que la comunidad consideraba un abuso de poder y una estafa. A pesar de las críticas por esta forma de “justicia por mano propia”, la comunidad argumentó que la funcionaria debía pagar por el daño que había causado a muchas personas que confiaron en ella.
En redes sociales, el hecho se viralizó rápidamente, generando tanto apoyo como rechazo por la manera en que se aplicó la sanción. Mientras algunos consideraron que el castigo público era necesario para enviar un mensaje claro sobre la corrupción y el abuso de poder, otros advirtieron sobre los riesgos de la justicia sin el debido proceso legal. El juicio de Paulina E. sigue su curso, y la comunidad permanece atenta a los avances de la Fiscalía en su investigación.
La Fiscalía General del Estado informó que el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Salcedo dictó prisión preventiva contra Paulina E. por el delito de oferta de tráfico de influencias. La instrucción fiscal durará 90 días, durante los cuales se profundizarán las investigaciones.
La Fiscalía ha logrado recolectar una serie de elementos de convicción que apuntan a la culpabilidad de la funcionaria. Entre ellos, se encuentran las versiones de las personas que entregaron el dinero, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las certificaciones emitidas por el Municipio de Latacunga y las denuncias previas en su contra.
La investigación también ha revelado que Paulina E. no operaba únicamente en el cantón de Salcedo, sino que habría utilizado el mismo modus operandi en otros cantones de la provincia de Cotopaxi, lo que habría incrementado el daño económico hasta alcanzar la cifra de USD 100.000.
Esta magnitud de la estafa ha dejado atónitos a muchos, que no pueden creer que una funcionaria pública estuviera implicada en una red de tráfico de influencias tan amplia.
