LEGAL
La trayectoria de María Fernanda Araujo, quien aspira a la reelección como asambleísta de Chimborazo, ha quedado en entredicho tras revelarse las irregularidades en la constitución y operatividad de la fundación que lleva su nombre.
Documentación oficial a la que tuvo acceso esta redacción confirma que la “Fundación María Fernanda Araujo” ha sido dada de baja en dos ocasiones por distintas entidades gubernamentales, debido a incumplimientos normativos. A pesar de ello, la candidata del Partido Social Cristiano, ha seguido utilizando la organización como herramienta de campaña, produciendo cuestionamientos sobre la veracidad de su gestión social.
El primer obstáculo en la conformación de esta entidad surgió en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que detectó irregularidades en el proceso de aceptación de la fundación. Según la normativa ecuatoriana, una fundación sin fines de lucro debe cumplir con la transparencia en su estructura organizativa y el cumplimiento de los principios de ayuda social sin intereses particulares.
Sin embargo, el MIES determinó que la “Fundación María Fernanda Araujo” no cumplió con los parámetros establecidos, por lo que se rechazó su inscripción y se procedió a su disolución, lejos de frenar la intención de Araujo de operar bajo el nombre de la fundación, llevó a sus allegados a intentar una nueva estrategia.
Tras la negativa del MIES, se intentó constituir la “Fundación María Fernanda Araujo” bajo una nueva figura legal: una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). En Ecuador, la SAS es un tipo de empresa flexible y de constitución ágil, creada para facilitar la formalización de negocios y emprendimientos, pero no es una figura apta para entidades sin fines de lucro.
La Superintendencia de Compañías, analizó la solicitud y concluyó que no era procedente. La entidad emitió una resolución en la que negaba la creación de esta SAS, argumentando que una fundación no puede operar bajo un esquema empresarial de carácter comercial. En otras palabras, el intento de registrar la organización con una estructura inadecuada para su propósito social fue considerado contrario a la normativa vigente, lo que derivó en un nuevo rechazo.
A pesar de estos dos intentos fallidos y de la documentación oficial que evidencia la inexistencia legal de la “Fundación María Fernanda Araujo”, la legisladora ha seguido utilizando el nombre de la entidad en su campaña electoral. Durante recorridos y apariciones públicas, ha promocionado actividades bajo el amparo de la fundación, presentándola como una estructura consolidada de ayuda social.
