PAÍS
El Gobierno de Daniel Noboa inició esta semana un proceso de recorte estructural del aparato estatal. El 24 de julio de 2025, la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, anunció que el número de ministerios se reducirá de 20 a 14 y que las secretarías pasarán de 9 a 3. A esto se suma la desvinculación inmediata de 5.000 funcionarios públicos, bajo el argumento de eliminar obstáculos burocráticos.
Aunque los efectos políticos de la medida ya se sienten en Carondelet, el mayor impacto será económico: según un análisis basado en cifras oficiales del Ministerio de Economía, Trabajo y Contraloría, el Estado podría ahorrarse alrededor $140 millones anuales si se consolidan todas las fusiones y despidos anunciados
De acuerdo con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024-2025, el gasto promedio anual por funcionario público ronda los $17.500. A partir de este valor, y tomando el número total de funcionarios involucrados en los anuncios del Gobierno, se puede estimar que, con la fusión de ministerios y secretarías, el Estado podría eliminar alrededor de 2.700 plazas entre direcciones duplicadas, unidades administrativas intermedias y equipos operativos. Esas plazas provienen de entidades como el Ministerio de Cultura, Turismo, Vivienda, el Ministerio del Deporte, Senescyt y varias secretarías técnicas.
Ese recorte estructural implicaría un ahorro superior a los $47 millones anuales en sueldos. Si se suma la reducción de gastos operativos por cierre de oficinas, alquileres, viáticos y logística —según estándares de la Contraloría y estudios del BID—, el ahorro adicional podría bordear los $7 a $8 millones anuales. “Así, el ahorro total solo por fusiones y adscripciones rondaría los $55 millones por año”, explicó Roberto Macías, economista y consultor en temas de optimización en el sector público.
Por otra parte, el Gobierno también anunció el despido de 5.000 funcionarios adicionales. Estos recortes se aplicarían sobre puestos administrativos, funcionarios de presidencia y el IESS. Esto permitiría un ahorro directo de unos $87,5 millones al año, aunque el Estado deberá asumir un gasto inicial en liquidaciones que podría superar los $31 millones solo en 2025./Primicias
