La Fiscalía General del Estado sostiene que el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico de la Reconstrucción, Carlos Bernal, habrían ocasionado un perjuicio al Estado de 225 millones de dólares, al direccionar recursos públicos hacia proyectos no prioritarios tras el terremoto de 2016.

La audiencia de juicio por presunto peculado se instaló la mañana del 17 de junio de 2025, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Esta diligencia había sido aplazada anteriormente, luego de que la defensa de Glas solicitara un examen psiquiátrico para intentar declararlo inimputable y trasladarlo a un centro médico.
El informe médico, elaborado por la psiquiatra forense Ángela Salazar, concluyó que, aunque el exvicepresidente presenta síntomas de depresión aguda, su estado mental no le impide participar en el proceso legal.
Por ello, no se recomendó su traslado a un hospital, sino la continuidad de su tratamiento psicológico dentro del centro penitenciario donde cumple condena por otras causas. A pesar de que la defensa pidió una segunda opinión médica y la suspensión de la audiencia, el Tribunal rechazó esa solicitud e inició la fase de práctica de pruebas.
En su alegato de apertura, el fiscal subrogante Wilson Toainga señaló que Glas y Bernal fueron responsables de aprobar y priorizar 11 proyectos que no estaban alineados con las necesidades reales de las zonas afectadas por el sismo. De acuerdo con la acusación, esos fondos terminaron beneficiando a intereses particulares, mediante procesos contractuales opacos.
El tribunal autorizó la práctica de pruebas, que incluirá la presentación de testimonios, informes periciales y documentación oficial. La audiencia continuará en los próximos días con una revisión minuciosa de las evidencias presentadas por la Fiscalía y las defensas de los acusados.
El juicio se desarrolla bajo la mirada de la opinión pública, no solo por el monto del presunto perjuicio, sino también porque vuelve a colocar al exvicepresidente Glas en el centro de un escándalo de corrupción que toca una de las heridas más profundas del país: la tragedia del terremoto de 2016.