IMPLICACIÓN
La Fiscalía General del Estado formalizó su acusación el 14 de marzo por presunto peculado contra Jorge Glas y otras ocho personas involucradas en la reconstrucción post-terremoto.
La acusación no solo apunta a Glas, sino también a figuras clave como el exministro Walter Solís, quien se encuentra refugiado en México, y Boris Córdova, su sucesor al mando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Todos ellos son señalados por su presunta participación en un esquema que desvió recursos destinados a la reconstrucción para financiar proyectos que no cumplían con los criterios de emergencia.
El dinero recaudado, más de USD 1.600 millones bajo la Ley de Solidaridad, fue supuesto para la reconstrucción de zonas afectadas, sin embargo, la Fiscalía sostiene que una gran parte de esos fondos se usaron para obras no relacionadas con la emergencia y que, incluso, ya estaban planeadas antes del terremoto.
Según la acusación, varios de los implicados tomaron decisiones que llevaron a la asignación de estos fondos a proyectos que no tenían justificación alguna para ser considerados dentro de los proyectos de urgencia. “Estos fondos fueron abusados en beneficio de terceros, incluidos contratistas y fiscalizadores”, declaró la Fiscalía.
Lo que parecía un plan de recuperación nacional ha generado una profunda crisis política y judicial en el país. La figura central de esta polémica es Jorge Glas, quien aún cumple una pena de ocho años por otras sentencias de corrupción impuestas en 2017 y 2020.
El exvicepresidente, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, ya había protagonizado otro escándalo cuando se asiló en la Embajada de México en diciembre de 2023 para evitar su captura en este caso.
Durante cuatro meses, las autoridades ecuatorianas no lograron capturarlo, lo que llevó a una grave crisis diplomática entre Ecuador y México. Finalmente, el 6 de abril de 2024, las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática mexicana en Quito y detuvieron a Glas, desatando un conflicto de dimensiones internacionales.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino ante las preocupaciones sobre la salud de Glas, recomendando que fuera trasladado de La Roca a una prisión con mejores condiciones de atención médica.
Este caso, que no solo involucra a altos funcionarios del Gobierno, sino también a una serie de contratistas y actores políticos, sigue mostrando cómo la corrupción se enreda en las más altas esferas del poder, incluso en situaciones de emergencia.
La acusación formal de la Fiscalía y los próximos pasos judiciales marcarán el rumbo de lo que muchos consideran una batalla más por la justicia en Ecuador.
