Por. Eduardo Díaz A.
La posesión de la Nueva Asamblea, nos abre el camino a una gobernanza pública, legitima, desarrollista y deliberativa por la gobernabilidad, y, con ello, recuperar la confianza ciudadana, que, en los últimos años, ha sido menoscabada por la función legislativa, por la cuantificable estadística de desaprobación, respecto de la credibilidad del primer poder del Estado.
Requerimos una Asamblea, que se plantee objetivos generales, con verbos infinitivos; <definir, formular, demostrar, fundamentar, desarrollar>, y, que esos mismos verbos infinitivos, sean indicativos sobre objetivos específicos, para conceptuar, examinar y separar, sobre tres ejes fundamentales.
Legislar, para resolver lo importante <seguridad, salud, educación>.
Fiscalizar, para demoler estructuras narcopolíticas y recuperar la institucionalidad.
Representar, para escuchar y legitimar la participación ciudadana.
La relación de la ciudadanía con la esfera de lo público, tiene el fin de impedir o al menos, controlar los posibles errores, excesos y arbitrariedades de las instituciones públicas y de las personas que la conforman, porque el poder es por y para el ciudadano, las autoridades son delegatarios estatales, por un encargo otorgado por nosotros “el soberano”.
Necesitamos que se simplifiquen las burocracias, en lo administrativo y judicial, porque las normas deben ser esquematizadas e informadas a los usuarios de los diversos servicios públicos, de modo que su opacidad no constituya una barrera de acceso.
Nuestra esperanza común es, un Estado que se desarrolle con estabilidad, de orden político, en todos los niveles de gobierno, como capacidad del sistema para durar en el tiempo, adaptándose continuamente a la realidad para lograr el equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental.
Hay que salir de la zona gris de la esfera pública del cientificismo y emotivismo, y, mas bien tener un pensamiento crítico que nos encamine. “A más Platón y menos improvisación”.
