COMERCIO
Con el objetivo de garantizar el acceso justo y transparente al gas de uso doméstico, la Gobernación de Chimborazo realizó un operativo de control en las principales distribuidoras de la provincia.
La acción se ejecutó en coordinación con la Intendencia General de Policía, la Comisaría Nacional y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, instituciones responsables de vigilar la correcta aplicación de la normativa en la comercialización de combustibles.
Durante las inspecciones, las autoridades constataron que las ventas se realizaban con normalidad y que los distribuidores cumplían con el precio oficial fijado en 1,65 dólares por cilindro. De acuerdo con los informes, no se detectaron irregularidades, lo que representa un avance en la lucha contra la especulación que, en algunos casos, suele afectar a los hogares en temporadas de alta demanda.
El gas licuado de petróleo (GLP) es uno de los productos de mayor consumo en los hogares ecuatorianos, sobre todo en las zonas rurales, donde constituye la principal fuente de energía para la cocina y calefacción de agua.
El Estado mantiene un subsidio a este combustible con el fin de proteger la economía familiar, especialmente de los sectores más vulnerables. Sin embargo, la existencia de dicho subsidio también ha dado lugar a intentos de sobreprecio o desvío de los cilindros hacia usos no domésticos, lo que obliga a reforzar los controles.
La Gobernación de Chimborazo informó que estos operativos se realizarán de manera continua en distintos cantones de la provincia. Además, hizo un llamado a la población para que denuncie de forma inmediata cualquier intento de especulación o acaparamiento, ya sea comunicándose con la Intendencia de Policía, la Comisaría Nacional o la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Con estas acciones coordinadas, las autoridades buscan no solo garantizar que los hogares chimboracenses accedan al gas al precio justo, sino también dar un mensaje claro de que la especulación no será tolerada.
El control permanente pretende fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que el subsidio estatal cumpla su propósito: aliviar la economía de las familias ecuatorianas.
