Por. Eduardo Diaz A.
La relación anafórica de este articulo tiene como preámbulo que, desde los hechos fundacionales de la República, y su primera Constituyente en 1830, han pasado 195 años de vida republicana y el país con 20 constituciones no ha podido mantener una gobernanza clara.
La realidad es, que en casi 200 años, la democracia y gobernabilidad ha sido abstracta, hemos vivido escenarios <pasado y presente>, de la ruptura del orden constituido, la fragmentación de la institucionalidad en todas las funciones del Estado, tanto en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral , de Transparencia y Control Social, si pues, resulta por decir lo menos vergonzoso tener ex presidentes, uno sentenciado, otro enjuiciado, ex contralores, uno con arresto domiciliario y otro con sentencia en los EEUU, de la Función Judicial base del fundamento jurídico, en prisión alias el “Diablo” y una escalera de jueces y fiscales que burlan el ordenamiento jurídico, de Transparencia y Control Social, desde el Cura Tuarez hasta el caso ligados, que evidencia la absurdidad de una función estatal que ha perdido las riendas de su verdadera función misional.
Hemos sido testigos de cómo defenestrar el sistema, en el resquebrajamiento de nuestra política, en ese sentido, el análisis es demoledor, pues para construir una democracia equitativa, pluralista y de calidad, se requiere que los hacedores de la nueva Constitución tengan bases formales <esencialmente académicas>, porque de lo contrario, la patria seguirá sin rumbo y sumida en el caos y la corrupción. La democracia no puede seguir siendo abstracta, donde ha recaído muchas veces la autoridad suprema “en las calles “, hay que entender el viraje que han sufrido las oligarquías, también la polarización de los nuevos grupos de poder que han desembocado en esta época sombría, en la que es necesario apreciar bien la verdad, hay que cerrar las filas a los sectores más retardatarios de la patria, ni la concentración del poder, ni el estatismo exacerbado, ni la ausencia del Estado, queremos una Constitución acorde a la realidad de los tiempos con innovación y tecnología, con datos, transparencia, pero sobre todo; que quienes diriman sobre el devenir de la legislación estén en la capacidad formal, para afrontar el nuevo desafío.
